El Senado rechazará la enmienda sobre los APD

María Márquez. Madrid
Reclamación del colectivo médico desde la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, la salvaguarda de los derechos laborales de los médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de Cupo y Zona parece que por fin cierra su etapa de incertidumbre. La voluntad de rectificación de CiU sobre este asunto, planteada en la modificación de la Ley del Medicamento, y rechazada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, parece que tampoco contará con el beneplácito en la Cámara Alta, si bien el portavoz del Grupo Popular, Jesús Aguirre, llama a la calma. “Nuestros derechos (él es uno de los ‘afectados’) están garantizados”, asegura.

Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, y Jesús Aguirre, portavoz ‘popular’ en el Senado.

Los grupos parlamentarios ‘han aprovechado’ el paragüas de la modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios para introducir propuestas sobre ámbitos ajenos a la política farmacéutica, como esta sobre la situación laboral de un colectivo que abarca 7.000 médicos que accedieron a su condición de funcionarios mediante oposiciones cuya última convocatoria se producía en el año 1981. La media de edad de estos facultativos oscila entre los 55 y los 65 años, de ahí que la solución intermedia propuesta por el País Vasco, que supondría mantener sus condiciones laborales hasta que alcancen la edad de jubilación, haya sido considerada como válida por el Ministerio de Sanidad. Tanto es así que desde el Paseo del Prado se ha instado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a respetar estas condiciones. Las lideradas por la oposición (Andalucía, Asturias, Navarra, Canarias y Cataluña) comparten el hecho de haber recurrido la norma nacional ante el Tribunal Constitucional y por tanto, han dejado en suspenso esta cuestión, por lo que velarán por la protección de las citadas condiciones laborales. Tal y como explica el portavoz ‘popular’, el Ministerio da por hecho “el compromiso formal” de las autonomías.

En su enmienda, el grupo parlamentario catalán apunta la fecha de diciembre de 2020 para que el citado colectivo médico se integre en los servicios de salud como personal estatutario fijo, lo que signfica que se respetaría el redactado original del 16/2012 salvo en la fecha ordenada por el Ministerio, que pasaría a postergarse 13 años.

Farjas y Castrodeza dan su palabra a Aguirre

“Nos jubilaremos como funcionarios”, pronostica el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado. Lo confirma de forma tajante después de tener el compromiso, como explica, de la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, y del director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza, quienes le han transmitido “absoluta tranquilidad” al respecto, además de garantizarle que no se producirá “ningún movimiento anómalo” en los próximos meses. Así, el 31 de diciembre de este año, tal y como exigía el Real Decreto 16/2012, no se procederá a la estatutarización forzosa de los médicos de APD y de Cupo y Zona, de los que Aguirre resalta que contribuyen al sistema sanitario nacional “con una labor asistencial encomiable, siendo un activo muy importante para todas las comunidadades autónomas”.

La OMC ya sabe qué pasará este miércoles

Preguntado por el recelo de la Organización Médica Colegial ante la postura ministerial, el senador asegura que también ha mantenido conversaciones con el presidente de la entidad, Juan José Rodríguez Sendín, quien ya ha asumido que los derechos laborales permanecerán intactos hasta las jubilaciones. Por otro lado, hay que recordar que el Foro de la Profesión Médica, del que forma parte la OMC, ha dado una prioridad máxima al asunto, llevándolo entre los temas a negociar en el grupo de Recursos Humanos establecido con el Ministerio de Sanidad y del que, por el momento, no hay noticias.

Tampoco pasan la criba las enmiendas referidas a la exclusión de ilegales de la cobertura

PSOE, CiU y Entesa habían presentado tres enmiendas para modificar el contenido del 16/2012 en lo referente a la cobertura sanitaria de los inmigrantes ilegales. La Mesa del Senado no ha considerado conveniente su inclusión en el debate de este miércoles.