El sector reniega del modelo estatutario

Javier Barbado. Madrid
Hace tiempo que el sector sanitario no ve con buenos ojos el modelo estatutario de sus trabajadores porque encorseta sus condiciones laborales y condiciona el margen ejecutivo de los directivos y mandos intermedios. Con la crisis financiera y presupuestaria, muchos ven el momento de reformar este aspecto esencial del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero también se muestran conscientes de que no es algo cambiable de la noche a la mañana. Redacción Médica ha recogido declaraciones de agentes que resultan claves en la ejecución de tan ardua tarea como es el caso de los médicos, los directivos de la salud e incluso los consejeros autonómicos.

Serafín Romero, de la OMC; Francisco Miralles, de CESM; y Carlos Alberto Arenas, gerente del Departamento de Salud de Orihuela.

Los tres perfiles mencionados tienden a coincidir en su diagnóstico: el SNS se halla sujeto a las normas anquilosadas del Derecho administrativo diseñadas desde el siglo XIX para órganos de control, evaluación y ejecución de tareas que competen al Estado, “pero no tan válidas para ser aplicadas en las empresas que prestan servicios sanitarios”, opina, tajante, el gerente del Departamento de Salud de Orihuela, en Alicante (Comunidad Valenciana) y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), Carlos Arenas.

Tal como él lo ve, la normativa estatutaria impide, por ejemplo, disponer de personal contratado a tiempo parcial o abrir la posibilidad de trabajar horas extra, y ambas cosas no vendrían mal en periodos concretos del año como, por ejemplo, en la estación de invierno, en la que el frío aumenta la exacerbación de enfermedades respiratorias e infecciosas con el consiguiente aumento de la demanda asistencial.

Los consejeros sanitarios de tres comunidades autónomas (en concreto de Galicia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid; Rocío Mosquera, Manuel Llombart y Javier Fernández-Lasquetty, respectivamente), se han sumado hace bien poco (lea aquí la información anterior) a esta crítica generalizada a la estructura funcionarial del sanitario español.

Fernández-Lasquetty recuerda que “ninguno de los grandes países europeos tiene un sistema sanitario basado en funcionarios vitalicios cuya retribución es prácticamente la misma si trabajan bien o mal”, y Mosquera ha llegado a la misma conclusión al tildar de “drama” el hecho de que los sueldos, en efecto, sean fijos con independencia de lo que se haga, quién lo haga y cómo lo haga en un momento de crisis sistémica.

Javier Fernández-Lasquetty, Rocío Mosquera y Manuel Llombart, consejeros de Sanidad de Madrid, Galicia y Comunidad Valenciama.

Por su parte, el titular de Sanidad de la Comunidad Valenciana expresó su deseo de poder “ir adaptando de una forma paulatina los marcos legales a las realidades”, objetivo que no se puede demorar más debido al que la Sanidad copa más del 30 por ciento de las partidas presupuestarias autonómicas.

Para el presidente de Sedisa, Joaquín Estévez, el análisis de cómo funciona el SNS no deja lugar a la duda: “El modelo ya ha cumplido su función y ahora es el momento de cambiarlo, hacerlo más ágil y flexible, facilitar mecanismos de contratación, hacer que se regule por las leyes del mercado laboral en lugar de por unos estatutos anquilosados”, ratifica.

Estévez recuerda de su experiencia como gerente de hospital que, en la práctica diaria, “el celador, el pinche o el auxiliar entran en conflicto porque cada uno apela a su estatuto para hacer o dejar de hacer una tarea específica, cosa que no sucede en los nuevos hospitales [con gestión innovadora], donde una auxiliar, por ejemplo, hace de todo sin cuestionarlo: sirve la comida, mueve al enfermo, ayuda a la enfermera o traslada una muestra”.

Joaquín Estévez, presidente de Sedisa.

El colectivo médico, si se atiende a lo que han expresado el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, y el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, en un encuentro de directivos de la salud celebrado hace poco en Segovia, tampoco defiende el estatuto de una forma incondicional tal como está planteado en términos de competencias, retribuciones y otras cuestiones relevantes.

En opinión de Romero, “las bolsas de ineficiencia del sistema sanitario público se deben, en parte, a que su organización es rígida (…); a los médicos no se nos da la oportunidad de poder producir resultados con la suficiente ‘auto-responsabilidad’ para gestionar los servicios”. Pero lo que más le preocupa es el mercado laboral: “Le tenemos miedo a la política de personal en una situación crítica en la que proliferan facultades de Medicina y se pone en el paro a generaciones de jóvenes; esto es un mercado barato y deben marcarse unas premisas esenciales como hablar del modelo retributivo”, ha añadido.

Según recordó Miralles, los consejeros de Sanidad de las autonomías mencionadas acaban de criticar la figura del personal estatutario y reprochan la “rigidez” del sistema establecido: “Pero los médicos también queremos esa flexibilidad que ellos reclaman, y, al sentarnos en los ámbitos de negociación establecidos, nos encontramos sin la influencia necesaria para defender nuestros intereses”, ha aseverado.