Redacción. Sevilla
El Partido Popular andaluz no tiene ninguna duda de que, al igual que en las dos ocasiones anteriores, el Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional (TC) la tercera subasta pública de medicamentos. Así lo ha asegurado su vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal, Ana María Corredera, para quien esta iniciativa atenta contra la “equidad” de los ciudadanos desde el punto de vista sanitario.
“No van a poder acceder a los mismos medicamentos que el resto de ciudadanos del país”, ha señalado Corredera, que a su vez ha denunciado que la subasta no se rige por criterios de eficiencia, sino por “cuál de los medicamentos que ofrecen las farmacéuticas es más barato”. En ese sentido, ha asegurado que la decisión es un “atentado” contra la equidad sanitaria.
Corredera ha querido aclarar también que a lo que ayer dio luz verde la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados es a un "anteproyecto de Ley" cuyo objetivo, ha insistido, es el de dar curso a una directiva europea para que se "garantice la accesibilidad a los medicamentos de todos los españoles". Es decir, "que si se decide bajar el precio de un medicamento sea para todas las comunidades autónomas, no solo para una".
La Junta de Andalucía no ha dudado en responder a las manifestaciones de la vicesecretaria del PP-A, recordando que la justicia ya decidió suspender el procedimiento contra la subasta de fármacos.
A través de un comunicado, el Departamento que dirige María Jesús Montero ha criticado la posible pretensión de tomar medidas legales que echen atrás la subasta de medicamentos en Andalucía. “Este procedimiento lo quieren llevar a cabo a través de unas alegaciones a una norma de farmacovigilancia para modificar la Ley del Medicamento e impedir iniciativas de las comunidades tendentes a conseguir ahorros económicos”, reza.