La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
El
Gobierno ha enviado este sábado a la
Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2023 cumpliendo de esta forma con la normativa comunitaria. El documento, que se publica en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública y puede consultarse aquí, incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas. El Plan Presupuestario traslada el impulso al Estado de Bienestar que se traduce en una
partida récord para becas, dependencia o sanidad.
Según explica el Ejecutivo, ello no impide que la senda de gasto incluida en el Plan Presupuestario cumpla con las directrices publicadas en mayo por la Comisión Europea en la que pedía limitar el crecimiento del gasto corriente y mantener un tono de la política fiscal prudente y neutral. Esta recomendación se traduce en que
el gasto nacional corriente primario debe crecer por debajo de la tasa referencia de medio plazo.
Con las
previsiones fiscales y macroeconómicas del Plan Presupuestario, se estima que el gasto primario corriente nacional neto de medidas temporales de emergencia en 2023 sea aproximadamente
1.000 millones de euros inferior a la tasa de referencia de medio plazo. Así, el gasto público nominal neto computable crecería en 2022 el 3 por ciento y en 2023 registraría un crecimiento del 4,1 por ciento, estando ambas tasas por debajo de la tasa de referencia de crecimiento a medio plazo (4,8 por ciento en 2022 y 4,6 por ciento en 2023).
El Plan Presupuestario se remite a Bruselas apenas unos días después de que el Gobierno haya aprobado y enviado al Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de
entrar en vigor en tiempo y forma el 1 de enero por tercer ejercicio consecutivo.
Por tanto, el documento enviado a la
Comisión Europea incluye un primer escenario que recoge las
medidas de ingresos y gastos que contienen las cuentas públicas y que se realizaron en base a la normativa vigente en el momento de
elaboración de los Presupuestos de 2023.
Sin embargo, debido al contexto de elevada incertidumbre como consecuencia de la
invasión de Ucrania por parte de Rusia que tiene un significativo impacto económico mediante una elevada inflación, este Plan Presupuestario incorpora como novedad un
segundo escenario que contempla que una
recaudación mayor de la inicialmente estimada dará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente, con el fin de proteger a los colectivos vulnerables, a la clase media y trabajadora, a los autónomos y a los sectores productivos más afectadas por la crisis energética.
En cualquier caso, el documento deja claro a las autoridades europeas que
la prioridad de los Presupuestos de 2023 son la justicia social, mediante el fortalecimiento del Estado del Bienestar, y la eficiencia económica a través del crecimiento y la creación de empleo de calidad impulsada por la
transformación del modelo productivo.
Un crecimiento más resistente e inclusivo
El Plan Presupuestario se basa en un
cuadro macroeconómico prudente como es el contemplado en las cuentas públicas de 2023. En este sentido, cabe destacar la solidez de la economía española que, según las últimas previsiones, avanzará un 4,4 por ciento en 2022 y un 2,1 por ciento en 2023. En ambos casos un crecimiento
por encima de la media de la zona euro y de las grandes economías comunitarias.
De esta manera, la evolución de la economía española durante los dos últimos años confirma un cambio de patrón en el nuevo ciclo económico. Frente a la salida de crisis anteriores, las medidas adoptadas desde la primavera de 2020 para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias permitieron disponer de una
base sólida para la recuperación de la actividad, el empleo y la inversión, permitiendo un ciclo marcado por un crecimiento más justo y sostenible.
De hecho, gracias al escudo social desplegado por el Gobierno durante la pandemia los actuales niveles de desigualdad serían inferiores a los niveles registrados en febrero de 2020. Una de las claves para lograrlo sería la
introducción del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, para el total de la población, la desigualdad medida por el índice de Gini –que se incrementa a más desigualdad- habría aumentado en más de 10 puntos en ausencia de transferencias sociales a familias y trabajadores.
Precisamente, el impacto máximo de las transferencias se observa en lo más duro de la pandemia, coincidiendo particularmente con el despliegue de los
ERTE, que protegieron las rentas de millones de empleados.
Previsión de ingresos
El Plan Presupuestario de 2023 recoge en el
escenario 1 –solo tiene en cuenta las medidas contempladas en los PGE 2023- que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3 por ciento del PIB, ascendiendo a
587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Supone un ligero incremento respecto al 42,1 por ciento del PIB previsto para 2022.
Los impuestos alcanzarán los
344.627 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que supone un 7,6 por ciento más respecto a 2022. Esta mayor recaudación se debe al impacto de las nuevas medidas fiscales como la aplicación del tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, y la introducción de medidas no tributarias como el nuevo gravamen temporal en los sectores energético y financiero.
También están contempladas medidas de minoración de ingresos en 2023 como la reducción de los rendimientos del trabajo en el IRPF hasta 21.000 euros y la
rebaja del IVA en los productos de higiene femenina.
Las
cotizaciones sociales crecerán al 4 por ciento en 2022 y un 6,8 por ciento en 2023, lo que refleja la buena marcha de la afiliación, la transformación del mercado de trabajo tras la reforma laboral y las buenas perspectivas del empleo para el año que viene.
Por el lado de los gastos, el escenario asociado a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 contempla para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,1 por ciento sobre el PIB en 2022 y del
46,2 por ciento para 2023. De esta forma se consolida la reducción iniciada en 2021 tras superar el impacto de la
pandemia.
En este escenario, el año 2022 recoge el impacto de
10.000 millones de euros por las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir las consecuencias de la guerra y de la crisis energética. Este escenario contempla en la remuneración de asalariados el
incremento retributivo del 2 por ciento ya aprobado para 2022 y el del 2,5 por ciento para 2023 (con posibilidad de un aumento adicional del 1 por ciento si se cumplen determinadas variables de inflación y de crecimiento del PIB nominal, tal y como se refleja en los Presupuestos de 2023). En este escenario no se recoge el incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento para 2022 al no estar incluido en las cuentas públicas de 2023, ya que será aprobado en breve por el Gobierno.
El gasto en transferencias sociales aumenta y pasa de representar un 20,6 por ciento del PIB en 2022 al 20,8 por ciento en 2023. Ahí se recoge la revalorización de las pensiones, así como las prestaciones por incapacidad y otras prestaciones como el
Ingreso Mínimo Vital.
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