El Parlamento Europeo ‘saca’ la sanidad del TISA

Redacción. Madrid.
El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a excluir de forma “clara y explícita” del acuerdo TISA sobre comercio internacional (que negocian 23 países, entre ellos Estados Unidos, Corea, Colombia, México, Australia o miembros de la UE) a sectores sensibles como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad social, el agua, la gestión de residuos y el transporte público.

La resolución ha contado con el apoyo de 532 votos, mientras que 131 han votado en contra y 36 se han abstenido. En la misma también se contempla que se debe asegurar legalmente el derecho a los legisladores comunitarios, nacionales y locales a regular en defensa del interés público cuestiones como la salud pública, la seguridad de los consumidores o la protección medioambiental.

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo.

El pasado lunes, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ya instó a la Unión Europea (UE) a excluir del tratado global para liberalizar los servicios (TISA) con otros miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aquellos que sean públicos, como la sanidad o la educación.

En el ámbito sanitario, las voces contrarias a este acuerdo se basan en una defensa de los sistemas públicos, considerando que un acuerdo en favor de la liberalización de servicios también afectará a estos. Desde el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) explican que “la apertura del mercado sanitario a las grandes corporaciones potenciaría los procesos de liberalización y privatización”. Asimismo, mencionan que la firma del acuerdo “conduciría a la consideración de la sanidad como mercancía, a los pacientes como consumidores y a los profesionales simples herramientas”.

El término de “consumidores” ya se encontraba en un documento hecho público a principios de 2015 en el que Turquía aportaba una serie de propuestas para el diseño del TISA donde los pacientes ya eran tildados de tal forma. En él básicamente se proponía que el enfermo podría recibir el tratamiento en el extranjero y luego tendría el derecho a pedir el “reembolso de los gastos hasta el coste del tratamiento en su país de origen”. Asimismo, el país de acogida debía hacerse cargo de cualquier cuidado que el paciente-cliente necesitara tras el tratamiento. Es decir, que el enfermo se pudiera mover de un país a otro y se llevaran consigo una parte de la financiación del sistema sanitario de su país de origen, independientemente de que este fuera público o privado. 

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La Comisión Europea ante el escándalo del TISA (05/02/15)