La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
El
Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el
Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, antes denominado Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, que revisa la actual normativa para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias en la gestión de
residuos sanitarios. Para la activación del texto, que va a ser remitido al Senado, donde entrará en la recta final de su tramitación parlamentaria, el Gobierno se ha fijado un plazo de tres años.
Esta norma es una de las principales piezas legislativas para impulsar la
economía circular en España y ha sido incluido como una de las reformas estructurales del
Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Entre las principales novedades, se establece la realización de un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios. Este análisis se llevará a cabo en el
plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley y se presentará ante la
Comisión de Coordinación en materia de residuos para la evaluación de la necesidad de desarrollo reglamentario de ámbito nacional.
La norma da un papel protagonista a las medidas de
prevención en la política de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos y cuantificables: reducción del peso de los residuos producidos de un 13 por ciento en 2025 y de un 15 por ciento en 2025 respecto a los generados en 2010.
Gestión de residuos con el covid
Tras el estallido de la crisis del coronavirus, el
Ministerio de Sanidad introdujo
cambios en las instrucciones para la gestión de residuos sanitarios. En concreto, la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establecía que en hospitales, centros de salud, ambulancias, etc. se debía
maximizar el llenado de los contenedores disponibles, “evitando entregarlos sin optimizar su capacidad”. Asimismo, la orden recordaba que la recogida y gestión de residuos se considera servicio esencial y que, además, las Administraciones deberán garantizar frecuencias de recogida suficientes.
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