El Gobierno remite el anteproyecto de la Ley de Mutuas a los agentes sociales

Redacción. Madrid
Tras su aprobación el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto por el que se modifica la Ley General de la Seguridad social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ha sido remitido a los agentes sociales.

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

El texto recoge básicamente las novedades anunciadas por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La futura ley mejora la atención sanitaria de los trabajadores al permitir que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales –que tras la aprobación de la norma pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social- puedan involucrarse en los procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes desde el primer día de la baja.

En la práctica se traduce en una atención médica especializada y temprana, aspectos claves para la recuperación de la salud del trabajador y su vuelta a la normalidad. El mayor gasto en servicios sanitarios se verá compensado por una menor pérdida de días de trabajo.

Este seguimiento de las mutuas conseguirá, según el ministerio, proteger al Sistema del absentismo laboral injustificado, en la línea de los avances conseguidos con los convenios de colaboración con las comunidades autónomas para la gestión de la IT y las novedades sobre esta materia recogidas en la Ley de Presupuestos. El ahorro total por la modificación de la prestación de IT junto con la mejora de las medidas de control de la prestación se calcula en 511 millones de euros.

Aprovechamiento de recursos y gobernanza

El anteproyecto también prevé el aprovechamiento de los recursos asistenciales ociosos, estimado en 305 millones de euros, para que puedan ser utilizados prioritariamente en colaboración con los servicios públicos de salud.

Asimismo, el texto estipula que las mutuas se deshagan de sus sociedades de prevención antes del 31 de diciembre de 2014 por no responder a la naturaleza de su actividad propiamente dicha. Dichas sociedades acumulan una deuda de 40 millones de euros con la Seguridad Social.

Como ya se había anunciado, el anteproyecto reordena el funcionamiento de los órganos de gestión de las mutuas: se refuerza el papel del presidente y se equiparan sus retribuciones a las correspondientes del sector público.

Finalmente, la prestación por cese de actividad se somete a revisión. Aunque en 2010 se reguló esta prestación para los autónomos, gestionada por las mutuas, su disfrute es muy limitado en la práctica (el 80 por ciento de las solicitudes se deniegan).

El anteproyecto clarifica ahora la regulación existente al concretar que no es necesario presentar un porcentaje mínimo de pérdidas para poder solicitar la prestación. Asimismo, la cobertura se extiende para todas las nuevas altas del Régimen de Autónomos y se desvincula de la cotización por contingnencias profesionales.

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