El Gobierno quiere más peso autonómico en la coordinación sociosanitaria

El Ministerio de Derechos Sociales ya ha abierto hasta el próximo 10 de marzo el plazo de audiencia pública de su anteproyecto de ley para reformar las leyes de dependencia y de discapacidad, con el que, entre otras cosas, se quiere reforzar los mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales de los gobiernos autonómicos.

La propuesta normativa, que ya fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a primeros de febrero, amplía el párrafo c del artículo 11.1 de la ley de dependencia de 2006, dedicado a la participación de las comunidades autónomas en el sistema. En la normativa vigente simplemente se atribuye a las autonomías la función de “establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención”, pero en el anteproyecto del departamento de Pablo Bustinduy se añade que esos “procedimientos y mecanismos” habrán de “garantizar una atención integral que dé respuesta a aquellas situaciones de las personas en situación de dependencia que requieran una atención complementaria y sinérgica de los servicios sanitario y social”.

Además, se indica que, “en todo caso”, las personas en situación de dependencia “accederán y recibirán una atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía sea cual sea su lugar de residencia”. En lo que se refiere a la reforma de la ley de discapacidad, Derechos Sociales indica que se habrán de solicitar diversos informes a distintos departamentos ministeriales, entre ellos, el de Sanidad.

Sumar quiere un Plan de Atención Integrada sociosanitaria

El espíritu de estos cambios legislativos es el mismo que el de la Proposición No de Ley (PNL) recientemente registrada en el Congreso por Sumar para instar al Gobierno a elaborar un Plan de Atención Integrada para paliar los problemas derivados de la “compleja” coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales. “Esta fragmentación puede suponer ineficiencia y desigualdad en la atención, consiguiendo una inequidad en el acceso a los cuidados sociosanitarios”, lamentan desde el grupo plurinacional.

Frente a ello, se plantea poner en marcha ese plan basado en una “estrategia sólida” de coordinación sociosanitaria con “un enfoque centrado en las personas y garantizando una atención integral y continua”.

"Derecho a la autonomía personal"

Según explicó Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero, el anteproyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad busca implantar “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal”.

Además de los aspectos ya apuntados, la reforma permitirá suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Por otro lado, se regula la asistencia personal en la ley de dependencia, se expande la ayuda a domicilio y se reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo

Las modificaciones pretendidas también incluyen una pasarela directa para reconocer una discapacidad del 33 por ciento a quien se le conceda cualquier grado de dependencia, la prohibición de la discriminación por discapacidad en los seguros y la garantía a la accesibilidad universal como derecho.