El Gobierno 'corta el grifo' del gasto sanitario hasta 2017

A falta de casi medio año para que finalice 2016, el Ejecutivo en funciones liderado por Mariano Rajoy ha decidido ejecutar el cierre contable de la Administración; es decir, que se cierra el grifo a cualquier gasto nuevo. Una medida que llega con premura después de la notable desviación del déficit y con Europa llamando a la puerta de nuestro país para solicitar nuevos recortes que, si bien no se van a ejecutar por el momento, guardan en esta disposición una clara connivencia con la demanda europea.

Sanidad, al ser uno de los ministerios con más contratos, convenios y subvenciones, parece que va a ser uno de los más afectados, junto a los de Industria, Economía y Educación. Y es que con esta disposición, se espera un ahorro de 1.000 millones de euros, así como evitar sorpresas que desvíen el gasto. Si bien no significa que las cuestiones más prioritarias o humanitarias se vayan a quedar sin un solo céntimo. Otra cosa son aspectos como la digitalización de la Seguridad Social, las ayudas a redes de excelencia en investigación, contrataciones de investigadores en centros de referencia como el CSIC o el Ciemat, que quedan congeladas hasta 2017.

La dependencia podría ser otra de las áreas más afectadas por la decisión de Hacienda. Una parte se sostiene con fondos autonómicos pero otra se paga desde la Administración central. De hecho, según informa el diario El País, la Junta de Andalucía ha advertido de este riesgo y ha pedido que se trate en futuras reuniones para no comprometer los planes de las distintas regiones en esta materia.

Se salvan de esta medida los contratos de servicios ya adjudicados, las prestaciones por desempleo, los salarios de los funcionarios, el pago de la deuda, los arrendamientos y las pensiones, así como los gastos que se programen desde el Consejo de Ministros y que, eso sí, superen los 12 millones de euros. Sin embargo, contratos públicos que no se hayan concedido aún, becas, subvenciones sin adjudicar... pasan al próximo año, ante la resignación de colectivos como los investigadores, que consideran que ya trabajan en precario.