El RD en el que se incluirá el incremento del 2% pactado desde 2022 aún debe superar los trámites parlamentarios

El retraso en la subida salarial del 2% a los profesionales del SNS tiene este impacto en sus nóminas en lo que va de 2024
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.


11 jun. 2024 15:00H
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El retraso en la subida salarial fija de los profesionales de la sanidad pública pactada para este año merma el bolsillo de los médicos en cerca de 500 euros y el de las enfermeras en unos 250 en lo que va de 2024. Se trata del incremento del 2 por ciento incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI cuya aplicación efectiva acumula meses de retraso por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 durante este ejercicio.

Este aumento salarial es el penúltimo de los recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI que, en 2022, firmaron el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT. A pesar de quedar refrendado por escrito, es conditio sine qua non que la medida se refleje en las cuentas generales del año correspondiente para que se refleje en las nóminas de los médicos y las enfermeras.

Sabedor de que las elecciones generales de 2023 cuando menos iban a retrasar la aprobación de PGE para 2024 -fue posteriormente cuando se decidió prorrogar las cuentas-, el Gobierno pudo haber asegurado que los trabajadores públicos empezaran a cobrar ese 2 por ciento adicional desde el 1 de enero incluyéndolo en el Real Decreto-ley anticrisis que el Congreso convalidó a finales de 2023.

No lo hizo, sin embargo, y aquello despertó las iras de las fuerzas sindicales, que, en un principio, amenazaron con convocar movilizaciones que, sin embargo, no acabaron celebrándose. Finalmente, el Ejecutivo rectificó y, en marzo, el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, confirmó que el incremento en la nómina se incluiría, como enmienda, en el Real Decreto-ley de medidas anticrisis en el que desde entonces trabaja el Gobierno.

La idea inicial era aprobar el proyecto de ley derivado del RD en la Comisión de Hacienda ese mismo mes antes de remitirlo al Senado para que estuviera en vigor a mediados de abril. Sin embargo, la hoja de ruta no llegó a cumplirse. Según deslizaron fuentes sindicales a este periódico, la celebración de las elecciones vascas y catalanas -precisamente en abril y en mayo, respectivamente- y el temor a que la norma no superara los trámites parlamentarios en plena atmósfera electoral explicaron la alteración de los planes.

Sindicatos como CSIF, CCOO y UGT no ocultaron su malestar por el nuevo retraso. “La inestabilidad parlamentaria no es excusa”, publicaron los responsables del primero de estos en su cuenta de X a primeros de mayo. Ahora, después de que las urnas hayan hablado incluso en Europa, todo apunta a que la subida del 2 por ciento podría empezar a aplicarse en la nómina de junio, aunque fuentes ministeriales consultadas por Redacción Médica no se han pronunciado al respecto.

Impacto en las nóminas de médicos y enfermeras


A la espera de que se cumplan o no las previsiones, sí es posible hacer una estimación del dinero que han dejado de percibir médicos y enfermeras desde el 1 de enero por culpa de ese retraso. Tomando como base datos del Sindicato Médico de Granada, el salario medio bruto de los facultativos españoles al año asciende a 54.743 euros, contando ya con otro incremento pendiente al inicio del año, el del 0,5 por ciento de 2023 ligado al PIB cuya aplicación aprobó en febrero el Consejo de Ministros.

El aumento del 2 por ciento conllevará que los médicos ganen, de media, 1.095 euros anuales más, es decir, 91,25 al mes, por lo que entre enero y mayo ya han dejado de ganar algo más de 456 euros, siempre teniendo en cuenta que, en cuanto se apruebe la subida en la nómina, cobrarán toda la cantidad atrasada.

En el caso de las enfermeras, el portal Jobted fijaba su salario medio anual en unos 28.600 euros a finales de 2023, que, contando las subidas salariales ligadas a la economía de ese año, se elevarían a cerca de 30.000 euros. En su caso, el incremento del 2 por ciento de 2024 sería de cerca de 600 euros anuales, por lo que, hasta mayo, el Estado les adeuda aproximadamente 250 euros.

Aún quedaría por aplica un último aumento salarial incluido en el Acuerdo Marco: un 0,5 por ciento que depende de que la suma de la variación del IPCA de 2022, 2023 y 2024 supere el incremento retributivo fijo acumulado de esos tres mismos años, que se eleva al 8 por ciento. Es algo que se da por hecho que sucederá: las previsiones hablan de que el IPCA será superior al 3 por ciento este año, lo cual sumado a las cifras previas daría una variación de en torno al 12 por ciento.
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