Tercer recurso del Gobierno contra la subasta andaluza

Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes plantear un conflicto positivo de competencia al Gobierno de la Junta de Andalucía por la convocatoria para la subasta de medicamentos y ha solicitado la suspensión de la norma. De esta forma, será la tercera vez que el Ejecutivo lleve al Tribunal Constitucional (TC) la iniciativa andaluza.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la consejera andaluza, María Jesús Montero.

El Gobierno presenta este conflicto de competencias contra la Resolución del 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

El Estado considera que es necesaria la interposición de conflicto de competencia al tener en cuenta sus propios antecedentes (impugnación de la Ley de Farmacia de Andalucía, de 2007), y de una Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de 2012 y, además, porque la resolución motivo de la impugnación es la segunda de las que se han dictado en el mismo sentido por el SAS para anunciar la convocatoria para la selección de medicamentos. Del mismo modo, señalan que en su contenido establece un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa básica estatal, "con la consecuencia inevitable, además, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud". Con ello, considera que "se están vulnerando, por una parte, las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello; y, por otra, en relación con la legislación básica en materia de sanidad al modificar la cartera básica común de servicios establecida por el Estado, al excluir desde el punto de vista del ciudadano presentaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y fijando un mecanismo de financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no previsto en la legislación básica estatal".

 Así, cree que esta cuestión "puede incidir de manera directa e inmediata en la salud de la ciudadanía", más allá de un conflicto competencial entre administraciones, "al ser competencia exclusiva del Estado la de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

Reacción de la consejera andaluza

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha considerado que el mencionado recurso supone "una falta de respeto a la Junta de Andalucía, a las instituciones en su conjunto y me atrevería a decir que al mismo Tribunal Constitucional". Montero ha señalado que el proceder del Gobierno de España "pone de manifiesto que defiende los intereses millonarios de la industria farmacéutica frente al esfuerzo de trabajadores o pensionistas, que además tienen que financiar sus medicamentos".

Preguntada acerca de si la decisión del Consejo de Ministros supone paralizar de nuevo la subasta de medicamentos, ha admitido que habrá que esperar a comprobar "el alcance del auto", aunque ha confiado en que el Constitucional saque "pronto" su nueva resolución sobre este conflicto y que, el mismo, "tenga el mismo resultado que los anteriores", en referencia a que se levantaron las suspensiones cautelares que pesaban sobre la subasta.