Un médico atiende a un paciente
La
sanidad se ha convertido en la prestación social que más impacto positivo genera para
paliar el riesgo de pobreza entre la población española. Un estudio elaborado por
Fedea ha calculado que los servicios de salud equivalen al
28,9 por ciento de la renta que perciben los hogares con menos recursos, lo que los sitúa al frente de la clasificación con los últimos datos de 2018.
El informe ha tenido en cuenta las prestaciones sociales que reciben las familias que se encuentran en el umbral del riesgo de la pobreza, ya sea en
concepto monetario o en especie, como es el caso de
los servicios de salud. Tras la sanidad, la
sducación es el siguiente con mayor aportación ya que representa el
18,7 por ciento de su músculo económico.
Estas dos categorías han sobrepasado en términos relativos a otras transferencias que sí que tienen un carácter monetario como las
pensiones de jubilación que representan un 16,2 por ciento de las rentas de este grupo demográfico o los
subsidios de desempleo que suponen el 8,9 por ciento. El gasto en las
pensiones de supervivencia (7,2 por ciento), las de
invalidez (4,7 por ciento) o las prestaciones de
asistencia social (2,2 por ciento) completan la tabla.
Los autores de la investigación han detectado una diferencia notable entre este perfil de familiar y los hogares que se encuentran situados por encima de la línea de la pobreza. En este caso, son las
jubilaciones las que concentran la mayor parte de la aportación a la renta bruta con un porcentaje del 14,7 por ciento. Mientras que
la sanidad se encuentra en segundo lugar con un 7,7 por ciento.
Sanidad y educación reducen 6,7 puntos la tasa de pobreza
Como consecuencia de las aportaciones, los expertos de Fedea han estimado que las prestaciones en especie que realizan conjuntamente la
sanidad y la educación repercuten en una reducción de la tasa de la pobreza de
6,7 puntos, pasando de un 21,1 por ciento de la población a un
14,4 por ciento.
Otra de las claves que han apuntado los autores es el
saldo de la intervención pública en los diferentes tipos de hogares. Es decir, la diferencia entre la recepción de las prestaciones y
el pago de impuestos. En las familias en riesgo de pobreza este índice arroja un
resultado positivo del 50,5 por ciento de la renta bruta. Mientras que para el resto es negativo por un porcentaje del 1,8 por ciento.
“Los hogares en riesgo de pobreza más favorecidos por la intervención pública a través de impuestos y prestaciones son los formados por
personas mayores de 65 años y los sustentados por un pensionista. Los menos beneficiados son los formados o sustentados por una
persona menor de 30 años y por un autónomo”, han agregado en sus conclusiones.
Los investigadores han partido de la base de que el umbral de la pobreza se ha situado en las unidades familiares que ingresan menos de
9.188 euros al año, lo que deja por debajo de este umbral a más de 3
,9 millones de hogares en España. La tasa nacional es la quinta más elevada de la Unión Europea, solo por detrás de
Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia. Algo que se acentúo en los momentos más duros de la pandemia, aunque la tendencia se ha moderado.
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