El gasto en material sanitario de las CCAA dobla al dedicado a obra nueva

El ámbito sanitario está considerado uno de los prioritarios por el Gobierno y las comunidades autónomas. Es más, este receptor de la segunda mayor inversión por parte de las administraciones españolas -un 6,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país-, solo superada por la aportación de las arcas públicas a protección social. De esta forma, las comunidades autónomas -en las que recae la competencia de salud- han invertido una importante suma en contratos relacionados con este sector en los últimos años, pese a haber perdido peso en los presupuestos de algunas de ellas. Una partida destinada principalmente a la compra de material, que casi duplica a la construcción, segundo ámbito receptor de una mayor cuantía. 

Según un informe de la consultora Populate, entre 2019 y 2023, 10 de las 19 divisiones territoriales del país -incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- han dedicado parte de su presupuesto para contratos en la adquisición de equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal. En total, se destinaron más de 14.412 millones de euros durante este periodo a este menester, en parte, por el impacto de la pandemia de coronavirus, que requirió la compra de artículos como mascarillas, equipos de protección individual (EPI) o respiradores en un momento en el que sus precios se dispararon debido a la mayor demanda que oferta. 

Precisamente, el coronavirus ha conseguido que la cuantía destinada a productos sanitarios sea superior a la empleada en contratos de construcción, para los que, por norma general, se necesita una mayor cantidad monetaria. En total, en el último lustro, estos alcanzaron en España los 8.360 millones de euros, poco más de la mitad del destinado a suministros hospitalarios.

Gasto en las comunidades autónomas con mayor presupuesto para contratos

Las diferencias entre regiones se hacen evidentes en las distintas cifras invertidas en contratos. Andalucía es una de las que cuenta con los números más abultados -también la más poblada del país-, al destinar más de 3.124 millones de euros en los últimos cinco años a la compra de suministro sanitario. Tras esta aportación, destaca una partida de unos 1.332 millones a servicios de salud y asistencia social, por ejemplo, para la cobertura del transporte sanitario en la segunda comunidad autónoma más extensa de España. En tercer lugar, 714 millones para tareas de reparación y mantenimiento.

Al igual que en la región sureña, Cataluña también dedicó parte del gasto en contratos a la adquisición de productos sanitarios, valorados en 3.067 millones de euros. A bastante distancia se sitúan las licitaciones para trabajos de construcción, con 1.572 millones, y los destinados a servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección, con 572 millones de euros. Hay que señalar que la Generalitat mantiene proyectos de ampliación y reforma en al menos 25 hospitales y espera abrir más centros en los próximos años.

A diferencia de Andalucía y Cataluña, la Comunidad de Madrid ha realizado una mayor inversión en construcción que en compra de material sanitario. En total, casi 2.100 millones de euros en el último lustro en trabajos arquitectónicos, entre los que destacan el levantamiento del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal durante la pandemia. A continuación, se quedan cerca los contratos para suministro sanitario, con 1.896 millones de euros, y servicios de reparación y mantenimiento, con 825 millones de euros.

Mientras, la Comunidad Valenciana realizó las mayores contrataciones para la obtención de material sanitario, al invertir 1.873 millones de euros. De cerca los trabajos de construcción, con 1.532 millones, y más lejos los 197 millones para reparaciones y mantenimiento. Estas se focalizan en centros de salud nuevos como el de Malilla y Ernest Lluch-Campanar (Valencia) y Roís de Corella (Gandía, Valencia) o el Hospital de Ontinyent, además de ampliaciones en hasta nueve hospitales. 

El material sanitario se impone a la construcción en la mayoría de CCAA

En Aragón, comprar equipamiento fue el esfuerzo principal del Gobierno autonómico, con 702 millones de euros. En segundo lugar, los contratos para obras, valorados en 368 millones, y los destinados a servicios de Tecnología de Información (TI), como consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo, que recibieron 64 millones de euros. En este último caso, por ejemplo, para la implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en la región.

Canarias destinó 713 millones de euros para la adquisición de material sanitario, la mayor partida. Muy de lejos queda la licitación de contratos de construcción, con 97 millones, y de reparación, con 59 millones. Situación muy distinta a la de Baleares, donde las obras absorbieron 572 millones, con la vista puesta en el levantamiento de centros de salud en Mallorca. Además, en el archipiélago mediterráneo se dotó a la compra de productos sanitarios con 384 millones y a los trabajos de mantenimiento con 144 millones.

En Cantabria, la obtención de material sanitario recibió 231 millones de euros, seguida por los planes de construcción -por ejemplo, para el nuevo Hospital de Castro Urdiales-, con 222 millones, y la aportación a servicios a empresas -legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad-, con 31 millones. De la misma forma, en Asturias, el presupuesto mayor fue a parar a la compra de equipamiento para los profesionales, a la que dedicaron 244 millones. A continuación, 212 millones para servicios de salud y asistencia social y 63 millones para tareas de edificación.

Por su parte, el gasto en el País Vasco se mantiene bastante equilibrado en los últimos cinco años. Los contratos para suministros sanitarios recibieron 474 millones de euros, mientras que los trabajos de construcción tuvieron 400 millones y la actualización de los servicios de software e Internet, casi 350 millones. Sobre la mesa, la ampliación del Hospital de Basurto y el nuevo hospital de Zumarraga. Mayores son las diferencias en Murcia, donde la mayor parte de la cifra para contratos fue para equipamiento de sus profesionales y centros de salud, con 330 millones. De lejos, los 146 millones para obras -Hospital Materno Infantil de la Virgen de la Arrixaca o nuevos centros para Cartagena y la comarca del Mar Menor- y 18 millones para servicios de empresas. 

En Castilla-La Mancha, la mayor aportación fue para material sanitario, 639 millones, por encima de la de edificación, 300 millones -adaptación del Materno-Infantil de Toledo, la ampliación del Hospital Mancha-Centro o el nuevo Hospital Universitario de Cuenca-, y la de servicios de transporte, 256 millones. Por su lado, Castilla y León ha realizado contratos más amplios para construcción, con 588 millones -desde ampliaciones hasta la licitación del nuevo Hospital de Aranda del Duero-. Le siguen la importación de equipos y productos, con 377 millones, y los servicios de transporte, con 69 millones. En ambas comunidades, el gasto en ambulancias es importante, dada su extensión y su importante componente rural.

En Extremadura, el gasto en construcción es el predominante, al rebasar los 656 millones de euros, aupados por obras como la ampliación del Hospital Universitario de Cáceres. Tras estos contratos, la adquisición de artículos médicos y farmacéuticos, cifrados en 352 millones, y los servicios administrativos, situados en 87 millones. Las labores arquitectónicas también dominan los contratos en Ceuta y Melilla, con 31 y 48 millones respectivamente. 

Pese a no contar con los datos completos de tres comunidades autónomas, en Galicia el gasto sanitario se ha situado sobre los 4.000 millones por año entre 2019 y 2023. En Navarra, este se ha ubicado sobre los 1.000 millones anuales y en La Rioja entres los 400 y los 500 millones. 

¿Cómo compran las CCAA?

En la mayoría de comunidades autónomas, los contratos se han realizado mediante procedimientos abiertos, en los que la presentación de candidatos es libre y se adjudica la dotación de un servicio mediante la valoración de propuestas. Es el caso de Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco.

Difiere Andalucía, donde el caso más habitual son los contratos basados en acuerdos marco -cuentan con especificaciones técnicas establecidas antes de la firma-, pero también en Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias, en las que priman aquellos negociados sin ser publicitados por las administraciones, por lo que las conversaciones se realizan directamente sin concurso. Por su lado, Asturias apuesta por el procedimiento abierto simplificado, similar al mayoritario, pero con plazos más reducidos.