De izquierda a derecha: Tomás Cobo (OMC), José Polo (Semergen), Antonio Fernández (SEMG), José Luis Cobos (CGE) y Javier Millán (Semes).
La celebración del día de la Constitución Española el martes 6 de diciembre llega en un momento donde el
artículo 43, que recoge el
derecho a la protección de la salud, corre
“riesgo” de dejar de estar garantizado. Tanto desde las organizaciones colegiales de Medicina y Enfermería como desde dos de los ámbitos sanitarios más denostados (Primaria y Urgencias), ven en las listas de espera, el aumento de la presión asistencial y la falta de recursos unos
“signos” que alertan de la imposibilidad de garantizar el precepto constitucional
si las administraciones no toman medidas para solventarlos.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) reconocen que aunque puede haber cierto colapso
sanitario, este se traduce en un
“riesgo para la salud si no se llega a tiempo a determinadas patologías”. “La salud está protegida, no hay vulneración. De ahí los gigantes servicios mínimos que se exigen en las huelgas médicas. Lo que
sí pueden verse perjudicadas son las listas de espera en determinadas especialidades y para determinadas patologías programadas, nunca urgentes o emergentes”, detallan desde la institución sanitaria.
En ese sentido, el colectivo médico considera que actualmente, pese a que el derecho está garantizado, se está dando con una menor calidad asistencial. “Los recursos humanos son muy limitados y los materiales igualmente.
No tenemos recursos para poder dar asistencia de calidad. No intentamos para nada ir contra el paciente”, reivindica.
Un derecho garantizado, pero de "peor calidad"
Este parecer es compartido por Medicina de Familia, quien pese a ser una de las patas del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ha vivido un “empeoramiento en la calidad asistencial” debido a la falta de recursos humanos y el aumento de la demanda, considera que
se está cumpliendo el derecho recogido en la constitución. Eso sí, alerta de que
hay “riesgo” de que esto no siga siendo así.
“El derecho a la salud en España está garantizado, ahora bien,
ha disminuido la calidad de la prestación de ese servicio. Debido a esta bajada
se pone en riesgo este derecho. Es decir, no se está prestando de la forma debida, pero el derecho está garantizado por el SNS. En ese sentido, somos ejemplares, pero hay que incluir varios matices”, reivindica José Polo García, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).
Polo García:"El sistema puede colapsar si no se toman medidas. Tenemos un buen edificio, pero no lo hemos arreglado y nos está dando goteras"
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Aunque el facultativo reconoce que “todavía” no estamos en un escenario donde se incumpla el derecho a la salud, al mismo tiempo advierte que “
si seguimos así se pone en peligro” su cumplimiento. “El sistema puede colapsar si no se toman medidas. Tenemos un buen edificio, pero no lo hemos arreglado y nos está dando goteras. Entonces, puede ser que en un momento determinado esto reviente y no se pueda cumplir este precepto constitucional”, augura Polo García.
Un parecer que comparte con Antonio Fernández Pro-Ledesma, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG): “Es muy atrevido decir que no se está cumpliendo la Constitución.
Hay fallos importantes que hay que modificar y evitar para que las cosas no empeoren y se rompa la equidad del sistema. Hay una evidencia real y clara de que la gente que tiene recursos huye de la pública y se va a la privada. Esto es legítimo, nadie está en contra de la colaboración público-privada, pero el SNS debe ser fuerte, suficiente, coherente y de calidad para cumplir el artículo 43 de la Constitución”.
Para Fernández Pro-Ledesma,
lo primero que se está rompiendo actualmente es la equidad del SNS entre todos los ciudadanos. “Hay una media de ocho días para pedir cita al médico de cabecera. No cabe ninguna duda de que
si eso va a más puede ser un riesgo, pero de ahí a incumplir el derecho hay mucho camino por recorrer. Debemos modificar ciertas actitudes y hábitos”, reclama el facultativo.
Urgencias ve “signos” de dificultad para el medio y largo plazo
Los servicios de Urgencias del SNS también se encuentran en una situación de “tensión” debido a la sobrecarga asistencial que se ha mantenido desde la llegada del Covid-19. Pero pese a las dificultades de aumento de asistencia y déficit de profesionales, están de acuerdo en que
sí se está cumpliendo el derecho a la salud recogido en la Constitución Española. Asimismo, advierten que esto
dejará de ser así si el Ministerio de Sanidad no se pone “manos a la obra” para llevar a cabo un pacto por la sanidad.
Javier Millán:"Vemos signos que nos obligan a no quedarnos de brazos cruzados y dar pasos adelante"
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“La sanidad es universal y gratuita para los ciudadanos, pero tiene un coste que estamos pagando todos. Si no la cuidamos y ponemos en marcha medidas para garantizar que esto se mantenga en el tiempo, evidentemente, daremos un paso atrás.
Es necesario que el Ministerio ponga en marcha un gran pacto por la sanidad y se garantice la supervivencia y mantenimiento del nivel de servicios sanitarios a largo plazo. Estamos en un
momento muy complicado de planificación de recursos, aumento de la presión sanitaria, aumento de las listas de espera… Vemos signos que nos obligan a no quedarnos de brazos cruzados y dar pasos adelante”, reclama Javier Millán, coordinador de la secretaría Relaciones Institucionales de Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).
Además, el especialista considera que, según recoge el artículo 43,
es responsabilidad de los poderes públicos poner en marcha esas medidas que garanticen a corto y medio plazo el derecho a la salud de los ciudadanos. “Dentro de esas medidas está la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias, que ha demostrado ser la vía más eficiente para garantizar la formación que requieren estos profesionales y una garantía de la viabilidad de los servicios”, detalla Millán.
Unificar ratios para que haya equidad en el acceso
Por su parte, para Enfermería existe una
inequidad en el acceso de los ciudadanos a los servicios por la organización actual del sistema sanitario, por lo que no se está respetando ese artículo 43 de la Constitución Española. Y es que, más allá de las listas de espera, el Consejo General de Enfermería (CGE) lleva tiempo advirtiendo de la desigualdad existente dentro del SNS. “Hay 17 comunidades autónomas y, por tanto, 17 sistemas regionales de salud que, a su criterio, establecen unas actuaciones que pueden llevar a la inequidad, ya sea en cartera de servicios, inversión en Atención Primaria o en la dotación de personal”, subraya José Luis Cobos, vicepresidente III del Consejo General de Enfermería.
Ante esta falta de equidad, Cobos aboga por
unificar ratios y, sobre todo, focalizarse en lo “más urgente”, como la atención en el primer nivel de salud, especialmente en crónicos, así como en materia preventiva. “La inversión se está llevando a los hospitales”, lamenta.
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