El Consejo de Europa asegura que la reforma de Mato socava los derechos humanos

Javier Leo / Enrique Pita.
El Consejo de Europa ha hecho público este miércoles un demoledor informe de su comisario de Derechos Humanos, Nils Muižnieks, en el que critica duramente la reforma sanitaria iniciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Real Decreto 16/2012. Tras su visita a España entre el 3 y el 7 de junio de este año, Muižnieks ha presentado sus conclusiones en Estrasburgo. Un severo tirón de orejas este informe, en el que se advierte de que los recortes en sanidad, educación y servicios sociales “tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humanos” de los ciudadanos residentes en España.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, y la ministra de Sanidad, Ana Mato.

En el área de sanidad, el representante europeo niega la mayor defendida los últimos dos años por la ministra del ramo, Ana Mato, de que, tras el 16/2012, España mantiene su apuesta por una sanidad “pública, universal y gratuita”. “Hasta 2012, España ofrecía un sistema sanitario universal y de acceso gratuito a la asistencia”, subraya Muižnieks. El Consejo no se mete en si la sanidad sigue siendo pública o no, aunque tiene muy claro con su sentencia que aquello de gratis y universal es cosa del pasado después de excluir a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia continuada gratuita.

La sanidad española ha sufrido en 2012 un importante recorte presupuestario que “ha repercutido en la disponibilidad, el acceso y la calidad de sus servicios sanitarios”, continúa Muižnieks, que se muestra especialmente preocupado por la atención sanitaria que reciben los niños. “En general, los recortes masivos en personal médico, salud pública, servicios de Atención Primaria, el cierre de servicios de urgencias y la introducción del copago farmacéutico tienen un impacto desproporcionado en el acceso de los niños a la atención sanitaria”, sentencia en su informe.

Asistencia a inmigrantes

Tras reunirse con representantes de varias ONGs, el comisario subraya su preocupación por los casos en los que los hijos de inmigrantes no reciben asistencia porque sus padres no saben que, aunque ellos tengan que pagar por ella, sus hijos pueden recibirla sin coste. Además, citando también a las ONGs, pone el acento sobre varios casos de menores a los que se les ha denegado la asistencia en servicios de urgencias, situación que podría violar la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, advierte. En la misma línea, lamenta que en tiempos de crisis se haya optado por recortar en prevención, Atención Primaria y salud mental por considerarse aspectos “menos vitales” dentro de la sanidad, al mismo tiempo que recuerda al Ministerio que son precisamente estos servicios los que más aumento de demanda experimentan en tiempos de dificultad económica.

El departamento que dirige Mato ha respondido al comisario europeo en un documento oficial en el que defiende que la reforma sanitaria “es necesaria” y que España sigue teniendo "el sistema sanitario más generoso de Europa”. Justifica la exclusión de los inmigrantes indocumentados por los altos costes que genera al sistema el turismo sanitario y subraya en varias ocasiones que la atención a los indocumentados en los servicios de urgencias y la asistencia sanitaria a las embarazadas y a los menores se sigue ofreciendo “en las mismas condiciones que a los españoles”. Desde Sanidad también especifican que no han recibido notificación alguna de casos en los que se haya negado la asistencia en urgencias a ninguna persona por su situación legal o ilegal en España.

Moratoria y copago en el sistema de dependencia

Las reformas de la Ley de Dependencia promovidas, no solo por el actual Gobierno, sino también por el anterior Ejecutivo y por los distintos gobiernos autonómicos, han merecido también un análisis y una llamada a la reflexión. Sin embargo, el informe incurre en cierta confusión entre discapacidad y dependencia, aunque más allá de esto, el comisario no se muestra conforme con algunas de estas medidas. Así, señala que la moratoria en la inclusión de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia aprobada en diciembre de 2011 (y extendida hasta 2015) ha excluido del sistema a “cerca de 280.000 personas, principalmente dependientes moderados”. En este punto, Muižnieks recoge los temores expresados por distintas ONG que apuntan que “la falta de apoyo a las personas con un nivel moderado de discapacidad puede suponer un empeoramiento de su situación a largo plazo y un coste adicional para el Estado”. En opinión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esta medida “ha sido necesaria para priorizar el acceso de personas con un mayor grado de dependencia” y para subsanar el hecho de que hubiera personas con bajos niveles de dependencia recibiendo prestaciones frente a otros con grados más elevados que estaban a la espera.

Por otra parte, Muižnieks es claro cuando hace referencia al aumento del copago en dependencia decretado en julio de 2012 por el actual Gobierno. Así, su informe señala que el Ejecutivo de Mariano Rajoy marcó una reducción del 13 por ciento en los costes que debe soportar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), al tiempo que establecía un incremento “considerable” del copago para acceder a los servicios del sistema, que “a veces alcanza el 90 por ciento de los ingresos de las personas que necesitan de estos servicios”. El comisario muestra su preocupación por el hecho de que las personas con discapacidad tengan que invertir “una parte sustancial” de los beneficios sociales que les corresponden a fin de cubrir el coste de los servicios, lo que a su entender genera “una pérdida sustancial de su autonomía”.

El ya mencionado equívoco entre discapacidad y dependencia es especialmente significativo en el análisis del sistema para valorar los niveles y grados de dependencia. Así, el comisario señala que “el disfrute de derechos, como el derecho a vivir con independencia y a ser incluido en la comunidad, protegido por la Ley de Dependencia y por el artículo 19 de la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, no debería depender de un nivel diagnosticado de discapacidad”, al tiempo que apunta que “este enfoque se basa en la controversia entre el modelo médico de discapacidad en oposición al modelo social que promueve modelos de vida inclusivos”. Sin embargo, tal y como señala el Ministerio en sus respuestas al informe del comisario, lo cierto es que la Ley de Dependencia no califica la discapacidad, sino los grados de dependencia que determinan el acceso al sistema.

El informe de Muižnieks se hace eco también de un estudio de la Oficina del Defensor del Pueblo de 2012 que critica los largos plazos hasta que se determina el grado de discapacidad o dependencia. En este sentido, el comisario apunta a la falta de recursos humanos derivados de las restricciones presupuestarias, pero también a la complejidad burocrática y administrativa. Ante este punto, el Gobierno español se ha limitado a señalar que se ha creado un grupo de trabajo para analizar y mejorar estos plazos.

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