El Consejo de Estado ve inconstitucional el euro de Madrid

Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado.

Así consta en el dictamen, emitido el pasado 17 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, donde el Consejo de Estado considera, además, que la medida, ya recurrida ante el Tribunal Constitucional vulnera “las normas básicas del Estado recogidas” en los artículos 2, 7, 8 y 23 de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (LSNS) así como los 89.1, 94 y 94 bis de la ley de garantías y uso racional de medicamentos.

En el dictamen, emitido por mayoría con tres votos particulares, se recoge que la imposición de la tasa en Madrid “rompe el principio de igualdad en las condiciones de acceso a las prestaciones dentro del Sistema Nacional de Salud” por cuanto que asocia “a la adquisición del medicamento o del producto sanitario la obligación de abonar una cantidad adicional a la que pueda corresponder al usuario conforme al sistema de financiación con copago establecido en el SNS”.

“Quiebra de la igualdad efectiva”

De este modo, aseguran que aunque el concepto de esta obligación sea “tributario” y se presente como que opera “al margen del sistema legal de financiación de la prestación”, el efecto que produce su establecimiento es el de “configurar un coste económico a cargo del usuario para acceder a la prestación farmacéutica distinto y superior al que rige en el conjunto del SNS”, lo que constituye “una quiebra del principio esencial de igualdad efectiva” que recoge la normativa.

Asimismo, considera que la imposición de la tasa “tiene un efecto material modificativo del sistema de financiación establecido con carácter básico por el Estado en relación a la prestación farmacéutica” aunque la “naturaleza jurídica de la tasa sea tributaria y diferente, por tanto, a la que corresponde al copago”. 

El Consejo de Estado recurre en este caso a una decisión anterior del Tribunal Constitucional, con relación a una ley autonómica “cuyo contenido guarda cierto paralelismo” con esta, para declarar que la “falta de competencia de la Comunidad de Madrid para fijar las condiciones de acceso a las prestaciones supone que carece de competencia para establecer una tasa en esta materia”.