El Consejo de Estado recomienda frenar la supresión de organismos sociales y sanitarios

Redacción. Madrid
La reorganización y adelgazamiento del sector público emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de su vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, debe evitar una minoración del cumplimiento de las políticas sociales. Esta advertencia, lanzada desde el Consejo de Estado en un dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma, deriva de “una concentración de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales” que se aprecia en la norma.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno.

Entre las medidas que adopta esta norma se cuenta la supresión de los observatorios del Sistema Nacional de Salud, de Prevención del Tabaquismo, de Salud de la Mujer y de Salud y Cambio Climático, entre otros.

Desde su llegada al Gobierno, el equipo de Mariano Rajoy ha insistido en la necesidad de adelgazar las administraciones públicas. Sin embargo, y a pesar del enunciado de la norma enjuiciada por el Consejo de Estado, el órgano que preside José Manuel Romay Beccaría señala que “falta correspondencia entre el título y su contenido”, ya que, “desde una perspectiva subjetiva, se refiere solo a la Administración del Estado, y desde una perspectiva objetiva, su alcance no es tan amplio como la voz racionalización evoca (…) y en todo caso referirla al sector público estatal”.

Precisamente este aspecto es lo que puede hacer que la norma quede en mero maquillaje, ya que son las autonomías las que suman mayor número de organismos y fundaciones públicas, y, como advierte el Consejo de Estado, la propuesta aprobada en Consejo de Ministros el pasado 17 de enero afecta a la administración estatal. Por tanto, y aunque la lógica dicta que puede servir de acicate para que las administraciones autonómicas caminen la misma senda, queda a la voluntad de cada gobierno regional hacerlo o no.

Aún así, lo cierto es que el intento por adelgazar la administración pública, tanto estatal como autonómica, ha presidido el tiempo transcurrido de la legislatura. Cabe recordar que solo en 2012 más de un centenar de entes públicos dedicados a la sanidad o los servicios sociales (empresas, consorcios y fundaciones, en su mayoría) han sido dados de baja o reabsorbidos por otros organismos de la Administración autonómica.

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