El Consejo de Estado avala la vacunación del VPH

Las instituciones públicas siguen demostrando su apoyo y confianza totales a la vacunación como estrategia de salud pública. El último ejemplo de esta postura es el Consejo de Estado, que en uno de sus últimos dictámenes avala el uso de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), concretamente.
 
Así lo indica en el documento al que ha tenido acceso Redacción Médica, en el que recuerda que estos productos, igual que otras especialidades farmacéuticas, “pueden presentar efectos adversos cuya manifestación efectiva –de producirse- constituye uno de los supuestos en los que la causación del daño viene determinada por la necesidad de evitar un mal mayor, debiendo el administrado soportar el riesgo de los efectos adversos”.
 
El dictamen es fruto de una denuncia interpuesta por una pareja de padres en 2014, que formulan una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos a su hija tras la administración de la vacuna, revelando diferentes síntomas de efectos adversos, entre ellos, pericarditis aguda leve y derrame pericárdico.
 
De hecho, denuncian que la vacuna es ineficaz y que no soporta ningún balance beneficio/riesgo.  Sin embargo, el Consejo de Estado, tras consultar los correspondientes informes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), recuerda que la inclusión de las vacunas frente al VPH  fue fruto de amplios debates y jornadas de trabajo en el seno de los foros pertinentes y que se siguieron los “el cauce y el tiempos establecidos legalmente” para la autorización de comercialización del producto, con plazos similares a los que se aplicaron en otros países miembro de la Unión Europea.
 
No acreditados por los informe clínicos
 
Es más: el órgano presidido por José Manuel Romay-Beccaría avisa de que “los propios informes clínicos tampoco acreditan la existencia de una relación de causalidad entre la administración de la vacuna y los daños invocados por los interesados”.
 
“Otra cosa bien distinta”, añade, no obstante el Consejo, “ es que la concreta prescripción facultativa no fuera correcta, lo que en su caso, abriría las puertas a otro tipo de reclamaciones”.

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