El Congreso convalida las nuevas condiciones del pensionista activo

Redacción. Madrid
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves solo con los votos a favor del Partido Popular el Real Decreto 5/2013 para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. El trámite de convalidación corresponde exclusivamente al Congreso sin intervención del Senado, y supone una ratificación del decreto ley, en vigor desde el pasado 17 de marzo, para que deje de ser una “norma provisional”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención en el Congreso.

El Real Decreto impone que el pensionista que trabaja, tanto a tiempo parcial como completo, perciba el 50 por ciento de la pensión. Una medida que ha hecho saltar las alarmas en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que prepara la queja formal ente los ministerios de Sanidad y Empleo. La Organización Médica Colegial, a través de sus Vocalías de Medicina Privada por Cuenta Propia y Ajena, también ha mostrado su rechazo a esta medida con la elaboración de un informe jurídico.

Lejos de esa postura, durante el debate en el Congreso la ministra de Empleo ha explicado que la norma contiene “una reforma necesaria, y constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia  del sistema público de pensiones”. En cuanto a la jubilación parcial, la normativa reconduce esta modalidad hacia su “objetivo original”: facilitar la trasmisión intergeneracional de conocimientos y experiencias a trabajadores más jóvenes, explican desde el Ejecutivo. Por su parte, han afirmado, el régimen de compatibilidad entre trabajo y pensión permitirá que los jubilados puedan “retomar libremente” la vida activa “sin dejar de cobrar una parte de la pensión, ni producir menoscabo financiero en el sistema”.

En este sentido, ha recordado la existencia de factores demográficos y sociales que tienen como consecuencia la reducción de la ratio entre pensionistas y trabajadores en la mayoría de las economías, lo que afecta a la  sostenibilidad de los sistemas de seguridad social en el largo plazo y a la equidad intergeneracional.

“Son retos a largo plazo, pero que no podemos esperar para solucionar, porque, en materia de sostenibilidad, el mero paso del tiempo no hace más que empeorar la situación”, ha apuntado la ministra. Báñez ha afirmado que aunque la reforma de las pensiones de 2011 supuso un avance en materia de sostenibilidad del sistema, no resultó suficiente para lograr este objetivo al presentar distorsiones en materia de jubilación anticipada y parcial.

Según informa el Ministerio de Empleo, el objetivo de las medidas adoptadas es, por un lado, compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, y evitar así que el resto de los ciudadanos asuma la carga que genera; y por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto.

En materia de jubilación anticipada, añaden, el Real Decreto Ley mantiene el esquema general de la Ley 27/2011, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias, pero corrigiendo el “incomprensible alejamiento gradual” entre la edad ordinaria de jubilación y la edad de jubilación anticipada, al tiempo que “se refuerza el principio de neutralidad y contributividad incrementando los coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización”.