Nuevas incidencias avivan la polémica por la supresión de la universalidad en la asistencia

Martí Sansaloni y Manuel Llombart.

Redacción. Palma de Mallorca / Valencia
Se reaviva la polémica sobre la aplicación de las medidas incorporadas a través del Real Decreto de Ley 16/2012. En este caso, la mecha se ha encendido por la estricta puesta en marcha en algunas regiones del nuevo sistema de aseguramiento por el de cobertura universal que había hasta la puesta en marcha de la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La muerte de Alpha Pam, un inmigrante senegalés que carecía de tarjeta sanitaria y que falleció por tuberculosis el pasado 21 de abril en su casa de Mallorca, ha generado una amplia reacción política y social en Islas Baleares. En el Pleno del Parlament celebrado este martes y criticado por esta cuestión, el consejero de Salud, Martí Sansaloni, ha rechazado las peticiones de dimisión de la oposición y ha anunciado una respuesta "inflexible" cuando la investigación que ha ordenado determine qué pasó en el caso de Pam.

Los responsables de los partidos opositores PSIB y MÉS han reiterado que el inmigrante no fue atendido debidamente porque se le había retirado la tarjeta sanitaria en cumplimiento de un “decreto estatal que el Govern ha cumplido ciegamente”. Sansaloni ha asegurado que la  normativa garantiza que los inmigrantes "sin papeles" serán atendidos gratis en casos urgentes, si son menores o están embarazadas, si tienen dolencias infecciosas o mentales y si han sido víctimas del tráfico ilegal de personas, excepciones que su departamento está cumpliendo.

No obstante, ha admitido que ha tenido que ordenar la devolución de facturas cobradas "de manera inadecuada" y ha afirmado en que el de Alpha Pam es un "caso excepcional" sobre el que se ha abierto una investigación interna, a pesar de insistir en el joven fue atendido dos veces en un centro de salud y en una ocasión en el hospital de Inca, donde se le diagnosticó bronquitis.

Por otro, lado, esta semana la prensa regional levantina recoge otro caso de aplicación ‘extrema’ del RDL 16/2012. Según cuenta el diario Información, un centro de salud de Calpe ha pedido 132 euros a los padres de un bebé con 41 de fiebre. Los padres, de nacionalidad británica y con tarjeta sanitaria gracias a que están empadronados, tuvieron que ir de madrugada a un cajero a por dinero para que el médico examinara a la niña de 8 meses, que pesa a nacer en el hospital de Denia, no tenía más que una tarjeta provisional.

A esto se suma que una plataforma de juristas de la Universidad de Valencia afirma que el gobierno valenciano puede asegurar la gratuidad de fármacos y ortoprotésicos a los discapacitados, sin contradecir el RDL 16/2012, a pesar de que la decisión de retirar estas prestaciones a este grupo de la población, según la administración levantina, es causa de la aplicación de este documento.