Dos 'peros' lastran el positivo "avance" de la gestión de bajas por mutuas

El acuerdo de pensiones que alcanzaron el pasado julio Gobierno, patronales y sindicatos mantiene, según Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada), las condiciones del “elemento principal sobre el que pivotan” este tipo de prestaciones. Es decir, las bajas, que continuarán siendo emitidas por médicos de Familia, si bien ahora se abre la puerta a que los servicios de salud autonómicos pacten con mutuas para la gestión de procesos traumatológicos. Contraria a las críticas que ha suscitado en algunos sectores políticos y organizaciones, la organización que dirige Ángel de la Fuente considera esta medida “un avance” para mejorar y agilizar las bajas, aunque advierte de la “limitada posibilidad de acción” de las mutuas y el “coste administrativo” que pueden llegar a representar estos convenios.

“La medida de incluir a las mutuas colaboradoras en el tratamiento de algunas de las patologías de la incapacidad temporal supone un avance para el cuidado de los trabajadores y posiblemente para la eficiencia en la gestión, pero es improbable que pueda reducir significativamente el intenso crecimiento del gasto en esta prestación”, sostiene Fedea en un reciente estudio suscrito por el analista Miguel Ángel García y en el que se analiza el impacto del acuerdo social para la mejora de las pensiones.

Las bajas mediante mutuas, positivas pero insuficientes

El texto afecta a cuatro ámbitos distintos de actuación: acceso a la jubilación después de la edad ordinaria, jubilación anticipada, periodo de carencia de los trabajadores fijos discontinuos e incapacidad temporal. Sobre este último punto, subraya que, pese a que las confirmaciones de baja y altas médicas continuarán siendo emitidas por los facultativos de cabecera de los servicios públicos de salud, desde ahora se abrirá la posibilidad de que las CCAA suscriban convenios con mutuas “para la utilización de sus recursos humanos y materiales”, aunque su rango de actuación queda limitado a los casos traumatológicos.

La posibilidad de acordar con las mutuas, continúa García en su informe, se acompaña de la creación de una comisión de seguimiento a nivel estatal -compuesta por Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales representativas a nivel estatal- para “vigilar los posibles convenios que se alcancen y analizar la incapacidad temporal por causas comunes (causas, incidencia, duración de los procesos, impacto de la respuesta del SNS) y establecer líneas de actuación dirigidas a proteger la salud de las personas y así reducir el número de procesos y su duración”.

En este sentido, sostiene que el acuerdo entre Gobierno y sindicatos constituye “un avance en la mejora de la gestión”, aunque añade que este es “bastante limitado en su posibilidad de acción (patologías traumatológicas básicamente) y, en apariencia, con bastante coste administrativo”.

Prolongación de la etapa activa de los trabajadores

Respecto a la mejora de los incentivos dirigidos a la prolongación voluntaria de la vida laboral de los profesionales para aprovechar “el talento escaso en un contexto de intenso envejecimiento de la población”, la fundación cataloga la medida de “muy positiva”, aunque considera que esta puede ser “insuficiente" al mantenerse, por ejemplo trabas para compatibilizar trabajo remunerado y pensión (espera de un año para el acceso y no aplicación en el sector público).

En el ámbito sanitario, en todo caso, hace dos años el Gobierno ya diseñó un proyecto para facilitar la jubilación activa entre los médicos y pediatras de Atención Primaria de los servicios públicos de salud para paliar la alta demanda de profesionales.