Doble 'recado' de la ONU al sistema sanitario español

La ONU ha dejado dos 'recados' a España en materia sanitaria. Por lo menos así lo muestra el último informe elaborado por el Comité DESC de las Naciones Unidas que evalúa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un duro examen que España no ha pasado y en el que ha recibido dos 'negativos' sanitarios: uno en el acceso al sistema universal de salud y otro en educación sexual.

El sexto informe periódico de España muestra la "preocupación" de la ONU por el "efecto regresivo" en cuanto al disfrute del derecho a la salud que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012. Afirman que la aplicación de estas medidas "para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud"  limita el acceso a servicios a los migrantes en situación irregular "y ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las comunidades autónomas".

En lo relativo a la educación sexual, la ONU se muestra preocupado por "las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y contraceptivos de emergencia".

Por todo ello, el informe de la ONU solicita al Estado para que  lleve a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del real decreto "a fin de llevar a cabo los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud".

Salud sexual: eliminar el consentimiento paterno en mayores de 16
 
En lo relativo a la salud sexual y reproductiva, la ONU solicita que se garantice "la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual sin diferencia entre comunidades autónomas o edad". Hacen especial incidencia en la necesidad de que el Estado disponga de "un mecanismo apropiado para asegurar que en la práctica el ejercicio de la objeción de conciencia de los médicos no sea un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente a la interrupción voluntaria del embarazo".

Además, solicitan que se deberían de eliminar el requisito de contar con el consentimiento del representante legal para que las adolescentes entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad modificada judicialmente puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Bien por la inclusión social y la integración de personas sin hogar

Pero no ha sido todo tan malo, el comité reconoce el impacto profundo que ha tenido la crisis financiera internacional y valora positivamente que la recesión económica "haya sido superada y que el Estado haya adoptado medidas y políticas que muestran su compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales".

Medidas como la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la adopción del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 y el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, han sido aspectos valorados positivamente por la ONU.