Investigada la presidenta del CSIC por el accidente mortal de 2 científicos

Un juez de Vielha (Lleida) investiga a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y a otros dos cargos de la agencia estatal por la falta de medidas preventivas en una expedición al Val d'Aran en marzo de 2018 en la que dos trabajadores murieron por un alud.

La presidenta y los que por entonces eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC han sido citados a declarar el próximo 27 de mayo por orden de la Audiencia de Lleida ante las "sospechas" de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores, según el auto, al que ha tenido acceso Efe.

El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en la Vall de Conangles que les precipitó por una roca vertical de 90 metros de altura.

A raíz del accidente, resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte (Guipúzcoa) contratado como técnico superior para el CSIC, y fallecieron las dos personas que le acompañaban: el salmantino Gaspar Giner Abati, un biólogo que había trabajado en esta empresa pública, y el montañero Unai Pérez de Arenaza, vecino de Bergara (Guipúzcoa).

Ambos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C. -también investigado-, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite administrativo previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizase ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.

La  primera victoria de la familia

Las familias de los dos fallecidos lograron ya una primera victoria cuando el pasado mes de diciembre el Juzgado de lo Social número 1 de Lleida concluyó que la prestación de servicios que hicieron al CSIC era "de naturaleza laboral".

Según la juez, ambos trabajadores "carecían de infraestructura productiva propia", iban a percibir una contraprestación económica preestablecida por el CSIC por su actividad -no por el resultado de la misma-, y la empresa "puso a su disposición todos los enseres, utensilios y material" necesarios para su cometido.

Esta sentencia sostiene que el CSIC contrató a Roberto Sánchez como técnico superior con un contrato temporal de obra para participar en las expediciones que debían recoger muestras del lago Redon, en las que normalmente iba acompañado de dos personas externas al CSIC y del director del proyecto.

Los dos miembros externos de la expedición -habitualmente montañeros o guías de montaña- solían ser reclutados "de manera improvisada" poco antes de la salida, según la sentencia, que detalla que se pagaban unos 100 euros diarios por la actividad de acompañamiento en el ascenso y descenso al lago.

Cuando no podía contar con los servicios externos habituales, añade la juez, el director del proyecto contrataba de forma verbal a "otras personas conocidas de las que se presuponía experiencia como guías de montaña y con aptitudes técnicas para esquiar cargando peso", a las que pagaba entre 80 y 100 euros diarios, en efectivo y sin factura.