Covid: la vacunación obligatoria de Galicia, al Consejo de Estado

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Consejo de Estado un dictamen sobre la posible inconstitucionalidad de varios apartados de la Ley de Galicia 8/2021, que modifica la Ley 8/2008, de salud autonómica.

La norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de la salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes Departamentos Ministeriales.

La solicitud se efectuará a la Comisión Permanente del Consejo de Estado con carácter urgente. Éste tendrá hasta el 23 de marzo para emitir un dictamen. El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo de 2021.

La impugnación se plantea al considerar que la norma autonómica introduce restricciones y limitaciones a los Derechos Fundamentales que según el artículo 81 de la Constitución Española están reservadas a una Ley Orgánica, que por tanto solo puede ser dictada por el legislador estatal.

En este sentido, la norma autonómica regula pormenorizadamente los mecanismos extraordinarios para tutelar la salud pública ante crisis sanitarias con respecto a la legislación estatal, incidiendo sobre los derechos fundamentales de una manera que no se puede considerar un mero desarrollo de la Ley Orgánica estatal.

Vacunación obligatoria frente al Covid

Es el caso del artículo 5, que establece entre otras medidas preventivas en materia de salud pública que la comunidad autónoma podrá someter “a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización”.

También en su artículo 7, que añade medidas preventivas en materia de salud pública, la ley autonómica vulnera la reserva de Ley Orgánica. Igualmente, señala el Gobierno, resultarían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.

Por otra parte, la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del vigente estado de alarma, las CCAA ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria como si fueran facultades correspondientes a la “gestión ordinaria”, de su competencias.

Competencias estatales en sanidad

También se alega a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad que recoge la Constitución.

Finalmente, respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse que recoge la ley también se entiende que además de afectar a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado en materia sanitaria, no considera la Estrategia de Vacunación frente a Covid-19 en España, aprobada el 28 de enero por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de obligado cumplimiento. La Estrategia recoge que la vacunación será voluntaria.

Nombramientos de excargos de Sanidad

El Consejo de Ministros ha nombrado como gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a Lorena González, y como directora del organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública a Concepción Sánchez. 

González ha desarrollado gran parte de su trabajo en los ámbitos de economía y hacienda y de la administración pública, ocupando en la Comisión Nacional de la Competencia, ministerio de Economía y Competitividad, los puestos de subdirectora de Recursos Humanos y Gestión Económica, y de secretaria general. También ha sido directora de Gabinete tanto del subsecretario del Ministerio de Economía, y del Ministerio de Sanidad y Consumo, como del secretario de Estado de Administración Pública.

Por su parte, Sánchez, entre los años 2004 y 2010, desempeñó los cargos de subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Política Social, y del Ministerio de Sanidad y Consumo, secretaria general para la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas, y directora general de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.