Covid-19: prórroga a las OPE en sanidad con más de 53.000 plazas pendientes

El Gobierno ha ampliado hasta 2021 el plazo para aprobar, publicar y desarrollar las ofertas de empleo público y los procesos de estabilización así como las convocatorias derivadas de esas ofertas, ya que su desarrollo se ha visto afectado por el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19. En sanidad hay más de 53.260 plazas pendientes de convocatoria.

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A principios de año, UGT presentó un informe que ponía de manifiesto que el objetivo fijado en ellos de reducir la temporalidad de un 25 por ciento a un 8 por ciento  en las Administraciones Públicas estaba lejos de cumplirse. En esa fecha, solo el sector de Justicia había cumplido casi al 100 por 100 el objetivo con 8.105 plazas convocadas de las 8.764 previstas. Sanidad, por el contrario se habían convocado 79.316 plazas de las 132.582 previstas y en Enseñanza rondaban las 84.000 de las 151.136 comprometidas. 

La complejidad de la puesta en marcha de estos procesos, que implican el empleo de importantes recursos personales y materiales y su desarrollo a lo largo de un amplio periodo de tiempo, se ha visto afectada por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Tanto la suspensión de plazos administrativos como las propias medidas de contención puestas en marcha no solo han afectado a la ejecución de los procesos ya iniciados sino también a la propia posibilidad de iniciar nuevos procedimientos.

Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, que establecían tasas adicionales para la estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas, incluían asimismo una habilitación para la ejecución de las ofertas de empleo público derivadas de esos procesos de estabilización, que suponía su vencimiento en 2020.

Estabilizar las plantillas en las administraciones públicas

"No adoptar esta medida urgente y necesaria impediría la ejecución de las convocatorias, con la consiguiente pérdida de las plazas ya aprobadas, sin que hayan desaparecido además las necesidades de estabilización del empleo temporal en todas las administraciones públicas y la correlativa frustración de las expectativas de los aspirantes que fueran a participar en esos procedimientos que no podrían convocarse de otra forma", explican desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Esta urgente y necesaria medida, ya anunciada por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en su comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado el pasado 4 de junio, fue uno de los asuntos abordados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada el 11 de junio.

El sindicato incidió, en la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, "en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y consolidación para disminuir la precariedad. Estos procesos ya arrastraban un importante retraso en su ejecución, una circunstancia que se ha agravado con la paralización de las convocatorias durante la crisis del Covid-19", lamanta UGT.