El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Todas las instalaciones de
la sanidad privada están, desde este domingo,
a las órdenes del Gobierno central y de las diferentes Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas. Así lo ha puesto de manifiesto hoy el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, tras la reunión de seguimiento y coordinación de las
medidas que se deben aplicar por el estado de alarma tras el
brote de coronavirus Covid-19.
Junto a Illa, han comparecido
Margarita Robles, ministra de Defensa;
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; y
José Luis Álabos, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Todos ellos son
los ministros elegidos para efectuar y vigilar que se cumplen los protocolos para paliar el coronavirus Covid-19, bajo la dirección del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.
En su intervención, Illa ha desgranado
una serie de medidas que afectan al sector sanitario durante esta cuarentena. La primera de ellas hace referencia al
papel de la sanidad privada, ahora subordinada y dependiente de la pública. Tal y como ha explicado el ministro,
“todas las instalaciones de la sanidad privada se pondrán a las órdenes de los consejeros autonómicos, para que dispongan de ellas como mejor consideren”. Una decisión, ha asegurado, que permite
reforzar aún más el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En este sentido, Illa también ha decretado que las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas también “podrán
habilitar espacios para usos sanitarios en aquellos locales públicos o privados que reúnan las circunstancias”.
Prórroga de los contratos a los MIR
Asimismo, en su intervención, el ministro de Sanidad también ha asegurado que, debido a estas circunstancias, se prorrogan los contratos del
personal sanitario en formación (MIR, EIR...) de distintas especialidades, así cómo la
suspensión de las rotaciones de estos residentes, para que su labor se centre en aquellas unidades donde más se les necesitan.
Por último, la tercera de las grandes medidas anunciadas este domingo por el ministro está relacionada con el
control del suministro de material sanitario de protección. Según ha informado,
en un plazo de 48 horas se debe comunicar al Gobierno todo el stock disponible de este tipo de materiales (mascarillas, PRC, guantes, batas desechables...).
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