Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos.
El
grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado una
PNL en el Congreso de los Diputados donde, entre otras cosas, insta al Gobierno a "
trasladar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este problema (las quejas sobre las clínicas iDental) a fin de que se mejoren los
procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios así como de la publicidad sanitaria que se emita desde ellos".
A finales del año 2017, las
clínicas iDental, presentes en
22 provincias de España, habían recibido según información del Gobierno casi
1.500 reclamaciones en seis Comunidades Autónomas, de las diez en la que están presentes. Entre los principales motivos de demanda se encontraba el incumplimiento de la
condiciones de la contratación la disconformidad con los tratamientos recibidos y facturaciones incorrectas.
Redacción Médica ya contó el caso de afectados como el de
Sergio, al que una mala intervención produjo el "síndrome del suicida", o el de
Francisco Javier Camacho, a quien provocaron sinusitis crónica y daños psicológicos.
Mesa de expertos independientes
Ante la oleada de quejas, de las que se han hecho eco también los
Colegios de Odontólogos, Ciudadanos pide al Ejecutivo "
entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por las clínicas iDental a fin de trasladarles toda
la información precisa para que puedan ejercer la defensa de sus derechos ante los responsables de consumo y sanitarios de las Comunidades Autónomas".
También solicitan instar a la
Agencia Española de Protección de Datos que proporcione información a las personas afectadas por las clínicas iDental acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal y que el
Gobierno estudie la posible
regulación y puesta en marcha de un procedimiento de arbitraje para que los afectado puedan resolver sus conflictos con las clínicas.
En último lugar
, Ciudadanos propone constituir una mesa de expertos independientes, a fin de determinar si han podido concurrir en responsabilidad patrimonial las administraciones públicas obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión en el ámbito sanitario.
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