CCAA y Hacienda proponen más copagos, "especialmente en sanidad"

La comisión para la reforma del modelo de financiación autonómica, una de las medidas puestas en marcha tras la Conferencia de Presidentes celebrada en enero, ya tiene un primer borrador con propuestas que esta misma semana entregará al Ministerio de Hacienda, un documento que incluye la medida de que las comunidades puedan aprobar nuevos copagos en sanidad.
 
“Sería conveniente dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre instrumentos de copago, especialmente en el caso de la sanidad, pero posiblemente también en otros servicios de su competencia”, indica el documento, que ha sido publicado por el diario Cinco Días. Los motivos que argumentan los 21 expertos que forman la comisión (16 elegidos por las regiones y cinco por Hacienda) para esta propuesta son dos: “El primero es que parece lógico poner en manos de la administración gestora del servicio un importante instrumento de gestión que puede ayudar a disciplinar la demanda. Y el segundo es que el copago podría ser una fuente significativa y apropiada de ingresos para la financiación de ciertos servicios públicos con beneficios perfectamente divisibles y fácilmente identificables a nivel individual”.
 
Pero también se apuntan límites para estos copagos y necesarios cambios legislativos para estas medidas puedan encontrar un marco legal seguro. ”Podría resultar conveniente una nueva redacción de los artículos correspondientes de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para otorgar mayor seguridad jurídica a las iniciativas de las comunidades  en materia de copago, o incluso una ley marco de tasas y precios públicos que fije horquillas para el establecimiento de copagos en sanidad, educación y servicios sociales”.
 
Sistema de retención ante un problema histórico

Pero esta no es la única propuesta de la comisión relacionada con la sanidad. También aconseja  “traspasar a las comunidades autónomas todas las competencias de atención sanitaria que se mantienen actualmente en manos de las diputaciones provinciales y entes asimilados, así como los recursos que las financian, fundamentalmente el Fondo de Asistencia Sanitaria. Con la misma lógica, también se recomienda completar el traspaso de la sanidad penitenciaria.
 
Además, se quiere poner fin a uno de los problemas ‘históricos’ del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la financiación de la atención a pacientes atendidos en comunidades autónomas en las que no residen. “La Comisión recomienda que los mecanismos previstos para trasladar a las regiones de origen los gastos sanitarios generados en otras autonomías por sus residentes, tales como el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial, se articulen de modo tal que permitan actuar como un sistema de compensación que sea completo, ajustado al coste, eficaz y ágil. A tal fin, parece oportuno introducir en la Lofca las modificaciones necesarias para habilitar un sistema efectivo de retención sobre los recursos del sistema de financiación autonómica que correspondan a las autonomías con saldos deudores que permita satisfacer los saldos acreedores de las demás comunidades autónomas”.
 
También recomienda “reforzar la cooperación y la coordinación entre autonomías con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos destinados al sistema sanitario”, es decir, que determinadas zonas geográficas compartan recursos. “Esto sería especialmente cierto en el caso de las regiones de menor población, que podrían compartir con sus vecinas servicios e instalaciones especialmente costosos, utilizando los mecanismos indicados en el párrafo anterior para realizar un reparto realista y equitativo de los costes relevantes”.
 
Indicadores
 
Por otro lado, aunque aconseja mantener “el indicador básico de necesidades de gasto sanitario que se utiliza en el modelo actual”, considera que sería “aconsejable actualizarlo periódicamente, revisando las ponderaciones asignadas a los distintos tramos de edad y posiblemente sus definiciones para recoger posibles cambios en el perfil de gasto con la edad”.
 
Así mismo, considera que los grupos que quedaron excluidos de la atención sanitaria tras la aprobación del Real Decreto de Ley 16/2012 deberían ser tenidos en cuenta en términos a efectos de cálculo de población protegida a la hora de calcular la financiación necesaria, “puesto que la exclusión de la sanidad pública no es total (pues se mantiene el acceso para los niños y las embarazadas y en casos de urgencia)”.