Cambios "transitorios" en financiación autonómica por la sanidad universal

Los cambios en el criterio utilizado para calcular el gasto sanitario en España a raíz de 2013, cuando la población no cubierta por el Sistema Nacional de Salud (SNS) se incrementó por el endurecimiento de las condiciones de acceso a esta prestación, parecen haber sido “transitorios”. Esto implica, según un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que las modificaciones que afectaron al reparto de la financiación autonómica “se han ido revirtiendo gradualmente” a lo largo de la última década, incluso antes de que en 2018 se reconociera el derecho de los inmigrantes irregulares a la atención sanitaria pública.

“De hecho, dos tercios del incremento de la población no protegida registrado en 2013 desaparecieron ya en 2014”, recoge este estudio sobre la evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que pone de relieve el cambio de paradigma que se produjo a la hora de valorar las necesidades de gasto sanitario por habitante (implícito en las fórmulas de reparto de sistema de financiación) cuando, en 2013, se introdujeron “cambios en los criterios para calcular la población protegida equivalente”.

Hay que tener en cuenta que el indicador de las necesidades de gasto sanitario es uno de los principales componentes de la población ajustada en el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) ordinario. En este sentido, el estudio subraya que, según las correspondientes liquidaciones del SFA, entre 2012 y 2013 la población protegida del conjunto de las comunidades de régimen común (excluye las forales) “experimentó una llamativa reducción de unos 870.000 efectivos ponderados”, lo que supone en torno a 1,5 millones de personas.

“Comparando la población protegida con la población empadronada del mismo territorio, se observa que la población empadronada no cubierta por el SNS aumenta en un 75 por ciento entre 2012 y 2013, pasando de 1,86 a 3,26 millones de personas”, indica el análisis, suscrito por el investigador de Fedea Ángel de la Fuente.

Endurecimiento del acceso al SNS para inmigrantes

Este cambio “parece ser consistente”, continúa, con el endurecimiento de acceso a la prestación sanitaria que se produjo en 2012, con el Real Decreto Ley 16/2012. El colectivo más afectado fue el de los inmigrantes irregulares inscritos en el padrón, que, con ciertas excepciones (urgencias, maternidad y menores) perdió entonces la cobertura sanitaria “de la que antes disfrutaba en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles”.

No obstante, el investigador de Fedea sostiene en sus conclusiones que dicho endurecimiento de los criterios de elegibilidad para la asistencia sanitaria “parece haber sido transitorio”.

“El cambio de criterio se ha revertido, al menos en parte, en 2018 con el Real Decreto 7/2018, de 27 de julio, en el que se reconoce el derecho de los inmigrantes irregulares a la atención sanitaria pública”, indica. En cualquier caso, el recorte de la población protegida “se ha ido revirtiendo gradualmente”, incluso antes de la promulgación del citado decreto.