El derecho a cobertura sanitaria pública y gratuita abre las primeras fracturas económicas e ideológicas en el partido

Brexit: gresca entre barones del PSOE por la sanidad del jubilado británico
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía; junto a Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.


5 jul. 2016 11:00H
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Los efectos del Brexit han llegado a España, a la sanidad y al PSOE, que ya está mostrando las primeras divergencias entre sus líderes autonómicos. Por un lado, Susana Díaz ha aclarado que los 80.000 británicos que viven en Andalucía van a dejar de tener asistencia sanitaria pública y gratuita. En concreto, el colectivo afectado es aquel perfil de británico que tiene una residencia en la comunidad andaluza pero no trabaja y, por tanto, no cotiza en la región. Será a estos a los que habrá que replantear las prestaciones quizá con la firma de nuevos convenios.

Según datos aportados por el diario El Confidencial, en 2015 la Consejería de Sanidad andaluza recibió 22,6 millones de euros para dar asistencia sanitaria a desplazados temporales; de esa cantidad, casi la mitad (10 millones) fueron al colectivo británico. Asimismo, datos de la Junta afirman que hay más británicos de los previstos en la región, lo que agravaría más el problema.

En el otro lado del ring socialista está Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, que ha anunciado que la región no va a dejar de dar ningún servicio público fundamental. Así, los 100.000 británicos que residen en la comunidad tendrán acceso a la sanidad pública, una máxima que comparte la filosofía del Gobierno valenciano, que garantiza esta cobertura a cualquier ciudadano. De hecho, del mismo modo que la Junta ha leído el ‘brexit’ como un problema incluso para el turismo, Puig se ha mostrado mucho más esperanzado, confiando en las posibilidades de este sector.
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