Brecha entre sindicatos de clase y profesionales por el RD de gestión clínica

Cristina Alcalá. Madrid
El Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica (UGC) ha provocado un enfrentamiento entre los sindicatos de clase y los profesionales que conforman el Ámbito de Negociación con el Ministerio de Sanidad. En el encuentro que han mantenido este martes, unos y otros no han llegado a un consenso sobre el documento que Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional, ha puesto sobre la mesa, dentro del trámite de consultas estipulado para el mismo.

Antonio Cabrera (CCOO) y Tomás Toranzo (CESM).

Por un lado, UGT, CSI-F y CCOO rechazan de lleno la futura norma al considerar que abrirá la privatización de la gestión de la sanidad pública. En concreto, estas organizaciones sindicales consideran que las UGC “podrían convertirse en compartimentos estancos con capacidad para gestionar su presupuesto” y, por tanto, externalizar la gestión de los servicios, tal y como remarca Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT en un comunicado. De hecho, estas tres organizaciones tienen la intención de recurrir la normativa ante la Audiencia Nacional.

Asimismo, reiteran su denuncia de que el ministerio les ha “ninguneado” al excluirles de las negociaciones (esta era la primera vez que veían el documento, mientras que Sanidad ya había lo consensuado con los foros profesionales anteriormente) y, por tanto, no consideran su creación una de las prioridades que tiene el sistema sanitario a día de hoy.

Una opinión que para nada comparten los sindicatos profesionales. Ni CESM ni Satse apoyan las declaraciones de sus otros compañeros de negociación, a las que tachan de “populistas” considerar que pueden traer la privatización a la sanidad, tal y como explica Tomás Toranzo, vicesecretario general de CESM. “Tenemos que despolitizar el documento y mirar por la profesión”, aunque sobre él, los sindicatos profesionales han puesto tres condiciones: que en él se deje claro quién tiene el liderazgo de las UGC (principalmente el médico, pero en algunas áreas, como la de cuidados, el enfermero); que los incentivos no estén vinculados al ahorro y a que los cargos no estén sujetos a la libre designación, sino que lo desempeñen profesionales sanitarios. No obstante, rechazan el documento igualmente “por la vaguedad e inconcreción” con la que aborda la gestión clínica.

Acuerdos donde sí han llegado a un consenso

En lo que sí han llegado a un acuerdo ambas partes con Sanidad son con el resto de puntos del orden del día, como la enmienda presentada a la Ley del Voluntariado, a través del artículo 31.4 del Estatuto Marco, aunque piden distinguir entre la figura del voluntariado y la del cooperante a la hora de la baremación en la Oferta Pública de Empleo (OPE). “Este cambio responde, en gran medida, a una reivindicación que las organizaciones sindicales han mantenido durante mucho tiempo”, explican desde UGT.

La dotación de recursos, tanto humanos como económicos, es otra de las cuestiones tratadas en este encuentro. Los sindicatos presentes en la reunión han fijado el 15 de julio como fecha tope para mantener una reunión con Administraciones Públicas y conocer los recursos de los que dispondrá la Mesa de Sanidad, después de que el Real Decreto de Segunda Oportunidad y la modificación de la Ley 7/2007 del EBEP, así lo contemplara. Sin embargo, el ministerio no ha avanzado más en este asunto, una situación que si se prolonga más de esa fecha, llevará a las organizaciones a movilizarse, como la denuncia ante la Defensora del Pueblo contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explica a este periódico Antonio Cabrera, de CCOO.

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