Se aviva la polémica en torno a la atención sanitaria a los ‘sin papeles’

Redacción. Madrid
La aprobación Real Decreto que limita el acceso sanitario gratuito de aquellas personas que no cuentan con el aseguramiento del Servicio Nacional de Salud (SNS) a los casos de urgencia, parto y postparto en caso de embarazo, y accidente hasta el alta médica sigue siendo motivo de polémica tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. La Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA) ha sido la última en pronunciarse registrando una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a asegurar la asistencia a todos los residentes en España “con independencia de su situación administrativa” de cara a su entrada en vigor el próximo 1 de septiembre.

Gaspar Llamazares, portavoz de Sanidad de la Izquierda Plural.

En su petición, la Izquierda Plural ha solicitado la toma de medidas legislativas encaminadas a “restablecer la universalidad del derecho a la salud” y en las que se apliquen las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en relación a este tema. Además, ha pedido la elaboración de un informe sobre las consecuencias del Real Decreto “sobre el derecho al más alto nivel de salud”.

“Esta reforma incluye medidas regresivas y discriminatorias prohibidas por los estándares internacionales”, señala la proposición en la que se indica que la aplicación del RD “supone l violación del derecho humano a la salud de las personas inmigrantes que viven en España, puesto que ni siquiera se garantiza el acceso a la Atención Primaria”.

La medida adoptada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha causado reacciones de todo tipo, empezando por el rechazo por parte de diferentes asociaciones de inmigrantes, para quienes se niega a aquellas personas no aseguradas o beneficiarias del SNS un derecho “fundamental”. Del mismo modo, se ha producido una cierta disparidad entre las comunidades autónomas, dado que algunas han aplicado la medida mientras que otras han optado por otras fórmulas, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), para evitarla.

Las CCAA, entre la aplicación y el rechazo

Uno de los casos más llamativos ha sido el del País Vasco, que se negó a su aplicación, e incluso recurrió al TC, que le dio la razón. A raíz de dicha decisión el Gobierno ha establecido un sistema de tarjeta sanitaria para inmigrantes igual a la del resto de ciudadanos, pero en la que se especifica que es válida únicamente dentro de la comunidad autónoma. La medida ha venido acompañada de polémica debido a que la concesión del documento identificativo viene supeditada a haber estado empadronado durante, al menos, un año. Dicha condición ha sido rechazada por el PSE, que ha pedido su modificación para que “ninguna persona que resida en Euskadi se quede sin asistencia sanitaria”, ha explicado la parlamentaria Blanca Roncal.

La atención de los inmigrantes en situación irregular también está siendo objeto de debate en Extremadura, donde el PSOE ha denunciado que el Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento (Pascaex), acordado entre Consejería y asociaciones de inmigrantes para “asegurar la asistencia sanitaria gratuita” dejará de tener efecto con la entrada en vigor el próximo 1 de septiembre del Real Decreto 576/2013, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas no cubiertas por el SNS. Desde el Gobierno se ha rechazado esta acusación, alegando que el Pascaex seguirá en funcionamiento tras la entrada en vigor del 576/2013 y criticando al PSOE por crear una alarma social “infundada”.

Por otra parte, el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam) ha publicado a través de una resolución de su Dirección General los precios que se aplicarán a este tipo de usuarios. Entre ellos destacan los de estancia en UVI, UCI o Unidades Coronarias, que se moverán entre los 1.587 y los 2.993 euros, según el tramo, durante los primeros cinco días. Dichos precios se rebajarán a entre 1.428 y 2.694 al sexto día de prestación del servicio.