Redacción. Sevilla
La Junta de Andalucía blindará la sanidad pública a través de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, cuyo anteproyecto ha recibido este martes luz verde del Consejo de Gobierno. Tal y como ha detallado el consejero de Salud, Aquilino Alonso, en relación con la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, el objetivo es que a lo largo de la legislatura se alcance el 6,5 por ciento del PIB andaluz destinado este servicio público, frente al 6,01 por ciento actual.
El texto, que inicia su tramitación y podrá estar aprobado en el primer trimestre del próximo año, garantiza y refuerza los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad.
Aquilino Alonso, consejero de Salud.
|
Entre otras novedades, el anteproyecto determina expresamente que en ningún caso se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas.
Asimismo, faculta a la Junta para arbitrar las medidas necesarias orientadas a minimizar el impacto en la ciudadanía de este tipo de medidas, en caso de que la normativa básica estatal las prevea en las prestaciones incluidas en la cartera común.
La futura ley dará así rango legal a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central. Entre otras, a través de la receta electrónica se ha evitado que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia impuesto por el Real Decreto Ley 16/2012.
En su título I, el anteproyecto recoge las medidas para garantizar la perdurabilidad del sistema sanitario público, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia.
Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. En relación con la primera, el anteproyecto establece que los presupuestos de la comunidad contarán con la financiación suficiente con carácter finalista, para el sistema sanitario público. De igual modo, los ingresos que resulten en el sistema sanitario público por su actividad en investigación, desarrollo e innovación, entre otros, se revertirán en el propio sistema.
La futura ley garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo; la selección pública de medicamentos; el uso de guías farmacoterapéuticas de referencia, o la selección, adquisición y uso de las alternativas terapéuticas equivalentes más eficientes.
ENLACES RELACIONADOS:
Aquilino Alonso buscará la “complicidad” con los profesionales sanitarios (18/06/15)
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
Andalucía 
Cataluña 
Madrid 
C. Valenciana 
Galicia 
Castilla y León 
País Vasco 
Canarias 
C-La Mancha 
Murcia 
Aragón 
Extremadura 
Asturias 
Baleares 
Navarra 
Cantabria 
La Rioja 
|