Acuerdo de mínimos para la atención de los ‘sin papeles’

David García/ Carlos Cristóbal/ Imagen: Miguel Fdez. de Vega y Cristina Cebrián. Madrid
Casi dos horas después de su inicio, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, comparecía ante los medios de comunicación para ofrecer los detalles de una Comisión de Prestaciones que tendrá un nuevo capítulo. Después de presentar y debatir la propuesta con que el ministerio pretende “ordenar y armonizar” la prestación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, las comunidades dispondrán de 15 días para establecer las consideraciones que estimen oportunas a un texto que establece un empadronamiento mínimo de seis meses, pero que deja la decisión final en manos de las autonomías para no interceder en sus competencias.

Rubén Moreno, durante la comparecencia tras la comisión. El secretario general de Sanidad detalla la propuesta.

A la hora de señalar los objetivos de la propuesta, Moreno ha incidido en la importancia de “atender las necesidades de salud de los inmigrantes en situación irregular con criterios homogéneos mientras permanezcan en España”, además de “evitar que quienes tengan recursos puedan aprovecharse de este programa”.

En cuanto a los criterios que deben regir dicha homogenización, el Gobierno ha optado por un sistema de asistencia social y sanitaria, una de las dos vías para la prestación de la asistencia contemplada por la Unión Europea, dado que no da opción a la “exportación del derecho”, algo que sí contempla la asistencia vinculada a la Seguridad Social. Asimismo, contempla la valoración individual de estado de necesidad de cada caso, con lo que el Gobierno pretende mantener alta la guardia frente al turismo sanitario.

El texto original, al que las comunidades podrán hacer las consideraciones que estimen oportunas – disponen de quince días para analizarlo antes de presentarlas- contempla la incorporación de los ‘sin papeles’ a una base de datos nacional cuyo cometido principal será recopilar la historia clínica del paciente a fin de evitar duplicidades y al que el Ministerio del Interior no tendrá acceso. No obstante, y según ha confirmado el propio Moreno,  “la obligación de registrarlos y atenderlos corresponde a una sola comunidad autónoma”. Para que se los incluya, deberán justificar que no disponen de "recursos suficientes ni superiores en el cómputo anual al IPREM" - 532 euros mensuales- y que no cuentan con ninguna otra cobertura sanitaria.

A la izquierda Rubén Moreno, secretario general de Sanidad y Consumo, durante su intervención. En la imagen de la derecha, Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia.

Uno de los aspectos más controvertidos y mencionados antes de la reunión ha sido el tiempo mínimo de empadronamiento para acceder al programa. En ese sentido, el Ministerio ha estipulado que quede fijado en seis meses aunque sin ser una imposición. “Lo que se intenta es que la asistencia se preste, si no de una manera idéntica, parecida. Pero las competencias corresponden a las comunidades y si alguien determina ese tiempo en tres meses en vez de seis, está en su derecho”, ha aclarado el secretario general de Sanidad.

Respecto al contenido de la reunión, Moreno ha ratificado el ambiente de división percibido antes del inicio de la misma. Así, ha revelado que las comunidades autónomas regidas por gobiernos socialistas han solicitado la derogación del RD 16/2012, del que ha asegurado que “solo deja fuera del sistema a los rentistas de más de 100.000 euros anuales de ingresos”. Al hilo de este tema, ha recalcado que la retirada de la tarjeta a los ‘sin papeles’ no es una medida de ahorro, sino de “regularización”. “El ahorro se ha acometido en medidas de tipo farmacéutico o centrales de compra”, ha puntualizado.

Disparidad entre las CCAA

Las comunidades han tenido a su salida de la Comisión de Prestaciones diferentes percepciones de la misma.

Francesc Brosa, subdirector del CatSalut, prefería ser cauto a la hora de valorar la nueva propuesta de acuerdo y ha avanzado que el texto será puesto en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat para valorar qué alegaciones o aportaciones pueden hacer.

Más duro ha sido Manuel García, director general de Asistencia Sanitaria de Aragón, que ha afirmado que “la propuesta del Gobierno ya no sabemos cuál es, porque hoy ha presentado una propuesta nueva, la enésima propuesta después de una serie de amenazas de multas a las comunidades autónomas”.

Para el representante aragonés en la reunión, “lo más importante de la reunión es que el Ministerio ha reconocido que la competencia es exclusiva de las comunidades” y cree que el departamento que dirige Alfonso Alonso se ha quedado “desfasado” respecto a la atención a inmigrantes y “está intentando políticamente incorporarse a las decisiones que ya hemos tomado”.

Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria de Castilla y León, José Jolín, ha calificado la reunión como “debate intenso” pero a la vez se ha mostrado confiado de que “pueda haber un acuerdo de mínimos”. Para el representante castellanoleonés, lo prioritario es “cómo acreditar” a los inmigrantes irregulares.

Mientras, Mercedes Martínez, directora general de Asistencia Sanitaria de Murcia, se ha mostrado conforme con los cambios que ha introducido el Ministerio y ha avanzado que su comunidad se adaptará a estos cambios para cumplir con el acuerdo que se firme aunque ha reconocido que depende de la buena voluntad de las diferentes regiones cumplirlo o no ya que no es un texto vinculante.

Agustín Rivero y Rubén Moreno, antes del inicio de la Comisión. A la derecha, Julio Zarco, director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid

A la izquierda, Celia Gómez, directora general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). A la derecha, José Jolín, director general de Asistencia Sanitaria de Castilla y León.

Francesc Brosa, subdirector del  Catsalut. En la imagen de la derecha, Carmen Sáenz Pastor, directora general de Prestaciones y Farmacia de La Rioja.

Aspecto de la sala al inicio de la reunión.

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