"Toda valoración de un dependiente sin un enfermero es un despropósito"

Toda valoración de una persona dependiente debe contar con la participación de un enfermero. Es la postura tajante del Consejo General de Enfermería (CGE), que critica la exclusión de estos profesionales del sistema de valoración que se plantea en algunas administraciones. 

La polémica está servida después de que la Conselleria de Igualdad de Alicante haya conferido a los ayuntamientos la potestad para la valoración de las personas en situación de dependencia, una tarea que se encomendará a los trabajadores sociales. La iniciativa ha sido rechazada de plano tanto por el colegio valenciano como por el CGE, y el propio grupo popular ha presentado una iniciativa en Les Corts en la que piden la inclusión de este colectivo en los procesos. 

"Los enfermeros son los que realmente tienen la competencia legalmente atribuida, todo lo que sea hacer una valoración sin un enfermero es un despropósito. No es un capricho, esto es un tema sociosanitario, ya que la salud abarca el espacio físico, psíquico y social. Los profesionales para manejarlo son los enfermeros, puesto que la salud es un concepto integral. Cuidar es una competencia exclusiva de los enfermeros, aunque eso no quiere decir que no puedan participar otros agentes", afirma Rafael Lletget, asesor del CGE en conversación con este diario. 

Llamada "a la sensatez"

En su opinión, toda valoración en la que no participe un enfermero será "hacerlo mal", pues no estarán los dependientes suficientemente valorados. "Hay que hacer una llamada a la sensatez, a usar bien los recursos porque algunos se empeñan en hacerlo mal. Estas cosas -en referencia a la exclusión de los profesionales enfermeros- ocurren porque quien organiza este tipo de servicios no sabe lo que tiene entre manos. Es una muestra más de incompetencia", señala Lletget. 

Las Comunidades Autónomas están actuando de manera dispar en cuanto a esta polémica, ya que hay territorios donde la valoración se encarga a enfermeros y otras donde quedan fuera, pero para Lletget el ejemplo podía ser Andalucía, donde "llevan años haciéndolo bien". 

En el caso de la Comunidad Valenciana y de Alicante en concreto, los colegios van a estudiar la situación por si se estuviera potenciando el instrusismo profesional por parte de la Administración, y de ser así afirman que actuarán "judicialmente como corresponda".