¿Qué médicos de la pública quieren negociar planes de pensiones privados?

Baleares ha abierto la veda. El sindicato médico de las islas, Simebal, ha pedido al Ib-Salut, y por extensión al Gobierno balear, que incluya en los próximos presupuestos una dotación para un plan de pensiones para el personal estatutario del servicio de salud de las islas. Miguel Lázaro, su secretario general, ha contado a Redacción Médica que esta propuesta cuenta con el apoyo del resto de sindicatos y que Salud, aunque no se ha pronunciado al respecto, “lo ve con buenos ojos”.

De esta manera, ha solicitado que se incluya el articulado que faculte expresamente a la Mesa Sectorial de Sanidad a negociar el citado plan, al tiempo que quieren que se establezca expresamente que las cantidades destinadas a cubrir el acuerdo de acción social, puedan ser destinadas a la dotación económica del citado plan de pensiones de empleo. O lo que es lo mismo, “a Salud no le va a costar un duro”, pues se abonaría desde acción social, esas pequeñas ayudas que se conceden a todo funcionario.

Los médicos de las islas se quedaron sin la mayoría de estas ayudas –que suelen ir destinadas a libros para el colegio, artículos ópticos, ortópedicos…- , al igual que la mayoría de las comunidades autónomas. Así lo ha confirmado a Redacción Médica Francisco Miralles, secretario general de CESM: “Desde 2012, con los recortes, esas cantidades, por menores que fueran, han disminuido de forma considerable hasta casi desaparecer en la mayoría de las comunidades autónomas”.

En Andalucía, los médicos nunca han contado con ningún tipo de ayuda pública para sus planes de pensiones. Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral del sindicato CESM de Córdoba, ha asegurado a este medio que los facultativos de esta comunidad “nunca tuvieron ninguna ayuda pública para financiarse los planes de pensiones”, al tiempo que ha contado que “los que tienen, se lo pagan de sus bolsillo”. 

Sin embargo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado que, tal y como se pactó con los sindicatos, las ayudas de acción social se recuperán en 2019. Capítulo aparte es la Agencia Sanitaria, en la que participan empresas públicas de gestión privada, caso del Hospital de Poniente o el del Alto Guadalquivir, donde la empresa sí contribuye económicamente a los pensiones de los sanitarios, según ha confirmado Bartolomé.

Ayudas extinguidas

También  en Castilla y León sorprende la propuesta de Simebal porque “aquí nos han dicho que no hay dinero”, ha contado Mauro Rodríguez, secretario general de CESM en esta comunidad. “Es una idea que ni siquiera está sobre la mesa porque antes tenemos otras cuestiones que negociar”.  Rodríguez ha asegurado que “desaparecieron todas las ayudas de Acción Social en 2012” y ninguna de ellas iba destinada a Sanidad. 

En Galicia, “los médicos estamos exentos a la hora de cobrar cualquier ayuda social porque consideran que cobramos demasiado”. Son palabras de Manuel Rodríguez Piñeiro, secretario general del sindicato médico Omega, que argumenta que “el Sergas nunca ha contribuido a financiarnos nada al rebasar los límites salariales que se contemplan”. 

Los sanitarios catalanes sí que contaban con una aportación pública al plan de pensiones, a través del Instituto Catalán de Salud, pero tal y como ha confirmado María Ángeles Rodríguez, portavoz de CCOO en esta comunidad, “todo se acabó en 2012, al igual que el resto de ayudas menores”. De esta manera, “quedó congelado”, sujeto sólo a aportaciones privadas. Este sindicato recuerda que desde que “se cortó el grifo” se ha venido reclamando la reactivación de este plan de jubilación, propuesta que se volverá a plantear en la próxima mesa electoral que ya tiene fecha, el 19 de octubre.

Capítulo aparte lo conforman los médicos vascos, a los que le paga el plan de pensiones Itzarri, la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) que gestiona el plan de previsión de los trabajadores públicos.