"No se puede obligar al médico a ofrecer pruebas a quien va a abortar"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación al aborto, como paso previo a iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional. Una medida que, según ha expuesto la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tiene como objetivo “velar por el cumplimiento de la Constitución”. "No se puede obligar a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo ni tampoco pueden dar sugerencias ni recomendaciones en este sentido", ha explicado la ministra.

Según ha expuesto Rodríguez, las competencias que se están viendo afectadas por el protocolo anunciado por Castilla y León tienen que ver con las bases y la coordinación de la política sanitaria, así como con la igualdad de condiciones en el ejercicio de derechos. "Reclamamos a la Junta que cese de establecer ninguna instrucción o recomendación dirigida a médicos para ofrecer información o pruebas diagnósticas suplementarias", ha incidido, recordando que las competencias de las comunidades autónomas en cuanto a legislación sanitaria "no pueden contravenir en ningún caso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010", aún vigente.

"El Gobierno ha dado un paso más en la defensa de los derechos de las mujeres a la vista de las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León", ha continuado, señalando que las explicaciones ofrecidas por la Junta son "contradictorias" e "insuficientes": “Impediremos la tropelía anunciada en Castilla y León".

En concreto, este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León "incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho", que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.

El Gobierno adopta este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo tras el anuncio realizado por el Ejecutivo autonómico para adoptar medidas sobre el aborto. “No vamos a permitir que se retroceda ni un solo milímetro”, ha sentenciado la portavoz.