"Exigimos una ley específica sobre la manipulación de fármacos peligrosos"

Con la convocatoria anticipada de elecciones por parte de Pedro Sánchez se disolvieron las Cortes Generales y, con ellas, la primera ley impulsada para regular el manejo de fármacos peligrosos en la sanidad española cayó en el olvido. Una reivindicación contínua de los profesionales del SNS y los sindicatos que los defienden que, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, piden que se retome en cuanto se forme un nuevo Gobierno.

El manejo de fármacos peligrosos es un problema para la salud de los profesionales sanitarios y, por ello, sindicatos como CCOO, UGT y Satse piden una ley que lo regule, como ya popuso el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados hace unos meses. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aboga por mayor formación de los profesionales y asegura que, muchos de los problemas derivados del manejo de peligrosos, se deben a la precariedad laboral que viven los sanitarios españoles. 

Sin datos oficiales sobre siniestralidad

"El problema con los medicamentos peligrosos es que no tenemos datos sobre el número de trabajadores expuestos ni registro de enfermedades profesionales causadas por el manejo de este tipo de fármacos", denuncia Irene Álvarez, responsable de Salud Laboral de FSS-CCOO, que añade: "Nosotros estamos desarrollando una campaña de información a través de la Guía de Medicamentos peligrosos elaborada desde el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas) con la colaboración del sindicato y la financiación de la Fundación Para la Prevención de Riesgos Laborales".

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Irene Álvarez: "Tras el 28 de abril tenemos que exigir que los gobiernon protejan a los trabajadores"

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En el documento, y con datos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), se refleja que en Europa hay más de 12,7 millones de profesionales de la salud potencialmente expuestos a medicamentos peligrosos cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción. Además, se incluyen los Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica sobre agentes citostáticos, elaborados por el  Ministerio de Sanidad y Consumo. 

"En este 28 de abril tenemos que exigir, porque nos toca, que se impulsen gobiernos que protejan a los trabajadores y la ley de riesgos laborales", destaca Álvarez, que cree que los trabajadores tienen una herramienta con la que empezar a luchar por su salud hasta que se ponga en marcha la regulación, y es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Exigimos que haya una ley específica sobre la manipulación, administración y eliminación de medicamentos peligrosos", hace hincapié la sindicalista de CCOO.

Formación e información

En la misma línea se mueve Rosario Martorán, su homónima de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, que confía en que con el nuevo Gobierno, la norma salga adelante: "Conseguimos que el PSOE presentase una PNL pero, por desgracia, como se disolvieron las Cortes y hemos ido a elecciones anticipadas, no ha llegado a término".

Desde el sindicato, recuerda, se pidió al Ministerio de Trabajo que "desarrollara una norma que garantizara la protección de los trabajadores en el ámbito sanitario frente a la imposición de estos medicamentos, y se aplicara tanto en centros públicos como privados". También, desde UGT exigían "una campaña de información en los centros sobre dicha norma y que se asignaran suficientes recursos para que la Inspección de Trabajo asegurase su cumplimiento", añade Martorán. 

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UGT: "Es importante que se asegure, dentro del Consejo Interterritorial del SNS, la equidad normativa en todas las comunidades autónomas"

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"Al Ministerio de Sanidad le pedimos un estudio sobre la situación actual de los centros sanitarios y sociosanitarios para la protección de los trabajadores. También, que incluyera los niveles de contaminación existente en los distintos departamentos, pero todavía no se ha realizado", lamenta la representante de UGT, que destaca la importancia de la creación de una Guía Nacional específica para cada profesional. 

"Para nosostros es importante que se asegure, dentro del Consejo Interterritorial del SNS, la equidad en todas las comunidades autónomas. Hemos detectado que cada una tiene una normativa o un protocolo distinto y vemos necesario crear a nivel nacional un marco normativo que establezca unos principios básicos", destaca Martorán, que hace hincapié en los únicos dos programas que registran este tipo de incidencias: El sistema informático Delta y el programa Cepross, "pero ninguno especifica si son en el ámbito hospitalario o por medicamentos peligrosos".

Satse: una ley "ya"

Para el sindicato de Enfermería, Satse, uno de los colectivos más afectados en el manejo de estos fármacos, su uso y manipulación conllevan riesgos “graves” y, consiguientemente, son un problema de salud laboral de primer orden en nuestro país.

“Cuando un enfermero/a prepara y administra este tipo de fármacos (fragmenta comprimidos, abre ampollas, extrae viales…) se expone, por ejemplo, a desarrollar algún tipo de cáncer o sufrir malformaciones o abortos en caso de que se encuentre embarazada. También hay riesgos para la reproducción tanto de mujeres como de hombres en edad fértil”, han explicado a Redacción Médica. 

Para evitar que esto pase, el sindicato solicita que, tanto desde la administración pública como la empresa sanitaria privada, se debe asegurar la puesta a disposición de todos los profesionales de un equipo de protección individual (EPI) y la transferencia de estos fármacos en un sistema cerrado, además de formación e información suficiente a todo.

“Sin embargo, según el informe del Observatorio de Bioseguridad de la Mesa de la Profesión Enfermera, sólo en el 47,2 por ciento de los centros sanitarios de nuestro país existe un protocolo que obligue a la utilización de un sistema cerrado de preparación y administración de medicación peligrosa. Además, en más de la mitad de los centros no se ha realizado una evaluación de los riesgos laborales que asumen las enfermeras y enfermeros que manejan estos medicamentos”, ha denunciado el sindicato solicitando más legislación en este aspecto. 

Por todo ello, Satse demanda la aprobación de una norma, tanto a nivel europeo como español, que obligue a la implantación de “todas la medidas preventivas, formativas e informativas necesarias”. “Será una de las demandas prioritarias al Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril”, confirman.

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CISF señala tres pilares fundamentales para eliminar riesgos en el manejo de peligrosos que pasan por la formación

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Además, Satse considera imprescindible la elaboración de un protocolo que la complemente y realizar campañas específicas para velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y protección. Se deben seguir desarrollando programas de información y formación para profesionales, pacientes y familiares relativos a los riesgos que conlleva la exposición a los medicamentos peligrosos en los centros sanitarios y sociosanitarios y en los domicilios particulares”, finalizan.

CISF: precariedad laboral

Por su parte, el sindicato CSIF asegura que uno de los mayores riesgos que tienen los fármacos peligrosos es la situación laboral por la que actualmente pasan los profesionales sanitarios. La precariedad laboral que obliga a rotar a los profesionales por diferentes plantas sin apenas formación previa es uno de los problemas que más latentes ve su responsable del área de Sanidad, Javier Martínez.

A este respecto, el sindicalista afirma que existen varios factores de riesgo como la inexperiencia, la falta de control por parte de las administraciones y que las medidas para la prevención “no siempre son iguales”.  El portavoz se queja además de la falta de transparencia por parte de las instituciones pues asegura que no se aportan datos de profesionales que han sufrido algún tipo de repercusión en su salud derivado del manejo de fármacos peligrosos.

Para Javier Martínez son necesarios tres pilares para mejorar la sanidad española y prevenir los peligros derivados de estos fármacos: más medidas de prevención, formación y una correcta adaptación por parte de los sistemas de salud.