Sede de Sanitas en Madrid.
Sanitas ha explicado este viernes a
Redacción Médica que los dos acuerdos firmados por
Mapfre para la construcción de dos hospitales conjuntamente, uno en Barcelona y otro en Palma de Mallorca, "cumplen con la legalidad en términos de competencia". Así se ha pronunciado después de que la patronal de la sanidad privada,
ASPE, llevase a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un escrito en el que alerta de posibles prácticas que podrían quebrar la competencia en el sector de aseguramiento de salud, en concreto la filial de desarrollo de hospitales de Mapfre y Sanitas, por posición de dominio.
La compañía Sanitas ha indicado que los dos acuerdos con Mapfre "
fueron puestos en conocimiento de la CNMC antes de su anuncio público. Tal y como hemos informado, las operaciones están sujetas aún a autorización por su parte".
Ha manifestado que ambos centros prestarán atención asistencial a pacientes de todas las aseguradoras, así como a pacientes privados. Los dos proyectos se desarrollan en zonas de
Barcelona y de Palma de Mallorca con baja dotación asistencial, lo que permitirá ampliar la oferta médica de ambas zonas. "Estamos convencidos de que este acuerdo cumple con la legalidad en términos de competencia".
La CNMC, tal y como anunció en la nota que emitió esta semana, está analizando únicamente los puntos relativos al artículo 1 de la
Ley de Defensa de la Competencia (LDC), el que se refiere a posibles pactos sobre precios y condiciones comerciales.
Según esa misma nota, la CNMC no va a analizar los puntos relativos al artículo 3, que se refieren a imposición de condiciones a los centros hospitalarios.
El argumento de ASPE
ASPE ha remitido un nuevo escrito a la CNMC para poner en su conocimiento la existencia de posibles
nuevas prácticas anticompetitivas en el sector de aseguramiento de salud. En concreto, se pone en su conocimiento que la empresa denominada Desarrollos Hospitalarios, creada y controlada por Mapfre y Sanitas, podría constituir un nuevo caso de posición de dominio.
Ambas aseguradoras han anunciado recientemente la construcción en Mallorca del
Hospital Portitxol. Desde
ASPE se entiende que esta operación, así como la anunciada previamente en términos similares para la construcción de
otro hospital en Barcelona, deberían estar sujetas a la obligación de autorización previa de la CNMC. La posición de la patronal de la sanidad privada se sustenta en que
Sanitas y Mapfre superarían los correspondientes umbrales de notificación por volumen de negocios en materia de control de concentraciones según lo recogido en el artículo 8.b de la Ley de Defensa de la Competencia. Asimismo, cabe recordar que estas dos empresas son dos de los cinco principales operadores del mercado nacional de seguros de asistencia sanitaria.
En concreto, Sanitas sería el
segundo operador con una cuota de entre el 20 por ciento y el 30 por ciento y
Mapfre el cuarto operador con una cuota cercana al 10 por ciento. Cabe recordar el estatus de este mercado en España, donde entre las
cinco principales empresas del sector se concentra el 71 por ciento del mercado.
Acuerdo Sanitas-Generali
Esta apertura de expediente surge de la denuncia realizada por la patronal de la sanidad privada en julio de 2023. Entonces, la patronal advirtió a la entidad reguladora que Generali había
vulnerado de forma unilateral los acuerdos contractuales con los operadores de la sanidad privada al pactar entre ambas aseguradoras la gestión de los servicios asistenciales a sus
150.000 asegurados y el pago de estos, que pasarían a ser gestionados por Sanitas sin mediar negociación alguna.
Tras analizar la información a la que ha tenido acceso, la CNMC ha informado que “ha identificado indicios racionales de una
posible infracción del artículo 1 de la LDC por parte de ambas compañías”.
Señala, asimismo, que “investiga si las aseguradoras fijaron los precios y las condiciones comerciales o de
servicio de las pólizas de todos los clientes actuales y futuros de Generali afectados por el acuerdo”. De forma adicional, indica que investigará “si existen cláusulas que podrían limitar la competencia entre ambas aseguradoras, ya sea en relación con ciertos clientes o en otros mercados ajenos al acuerdo".
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