Antonio Sánchez Díaz, director general de Muface.
Aunque a cuenta gotas, poco a poco se va conociendo algo más del
próximo concierto sanitario de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Después de conocer que el Ministerio de Hacienda (organismo del que depende) estuviera barajando la posibilidad de publicar
un convenio a tres años para darle “mayor estabilidad” a este colectivo, es posible que la duración del mismo se haya visto sensiblemente modificada.
En la última reunión del Diálogo social, entre el departamento que dirige
Cristóbal Montoro y los sindicatos, Muface puso sobre la mesa la posibilidad de establecer el concierto a dos años si con ello puede contar con el mayor número posible de aseguradoras en él, según explica a
Redacción Médica Eliseo Moreno, representante de CSI-F en estos encuentros.
En contacto con las compañías aseguradoras
En concreto, el director general de Muface, Antonio Sánchez Díaz, baraja bajar de tres a dos años para ‘atraer’ a compañías que en años anteriores han participado en este modelo y que, por culpa de la crisis económica, dejaron de hacerlo. Serían en este caso aseguradoras como
Sanitas y Mapfre, pero podrían ser alguna más, ya que la Administración lleva varios meses de contactos intensos con estas compañías para animarles a participar en la nueva licitación, explica Moreno.
En cuanto al volumen de la prima,
“Muface no suelta prenda”, explica el representante de CSI-F a este medio. Eliseo Moreno se refiere a los porcentajes que la mutualidad baraja pero que, de momento, no ha dado a conocer. Si para el concierto de 2016-2017,
la prima fijada era de una subida del 3,5 por ciento en dos años, tanto los sindicatos como las aseguradoras quieren un aumento suficiente
para garantizar la estabilidad del modelo, tal y como manifestaron a este medio.
En este encuentro, Hacienda también explicó las mejoras en los
sistemas de ayudas asistenciales para funcionarios de rentas bajas que ya está estudiando. El Gobierno se refiere a las ayudas sociales, a los tratamientos odontológicos, de gafas, de prótesis, etc., que se prestan tanto en el mutualismo administrativo como en los diferentes departamentos ministeriales.
Asimismo, CSI-F reivindicó garantías en la financiación a medio y largo plazo; favorecer la autonomía de gestión de las mutuas en la prestación sanitaria, al igual que en las comunidades autónomas; acelerar la implantación de la receta electrónica;
mejorar la asistencia rural y las urgencias sanitarias (con un número corto, tipo 112) y actualizar el modelo de gestión a la era digital.
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