Las clínicas privadas rechazan la Ley de Mutuas

Redacción. Madrid
La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha puesto de manifiesto su desacuerdo con el anteproyecto de reforma de la Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que baraja el Gobierno. La patronal critica que en él se plantee la utilización de este tipo de entidad “como una prolongación de la sanidad pública” y que puedan contratar asistencia con las aseguradoras.

Cristina Contel preside la FNCP.

A través de un comunicado, la organización que preside Cristina Contel rechaza la posibilidad de que la Seguridad Social pueda encomendar a las mutuas pruebas o tratamientos sin que se lleven a concurso. Asimismo, asegura que aunque sí se utilizara este mecanismo las clínicas estarían en desventaja. “No se haría en condiciones de igualdad por la exención tributaria absoluta de la que disfrutan, y seguirán disfrutando, las mutuas”.

A pesar de alabar su eficacia en la gestión de prestaciones, la FNCP considera que las mutuas no deben convertirse “en ningún caso” en una “prolongación de la sanidad pública”. Esta no es una queja nueva en el sector, que ya se ha pronunciado ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia o la Secretaría de Estado de Seguridad Social. “Estos medios, en teoría, están destinados única y exclusivamente a cubrir necesidades de quienes abonan las cuotas, que son los empresarios adheridos a cada mutua”.

Entrada al mercado de la mano de las aseguradoras

La colaboración de las mutuas con el ámbito público no es el único aspecto que genera “preocupación” en las clínicas privadas. Y es que el anteproyecto prevé que las mutuas puedan contratar servicios de asistencia con las entidades aseguradoras, algo que desde la federación se rechaza de plano. “Como estos centros están amortizados vía cuota y dadas sus ventajas legales, la libre competencia entre los centros sanitarios privados resultaría muy perjudicada y que ninguna clínica podría igualar sus condiciones”, detalla el comunicado añadiendo que esta normativa añadiría 400 nuevos centros al mercado de la provisión sanitaria privada.

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