La vía Congreso, única opción de la privada para postergar las 37,5 horas

El documento suscrito por Ministerio de Trabajo y sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas no contempla, en primera instancia, una rendija para que las empresas con escasez de profesionales, como pueden ser las sanitarias, dispongan de cierta ‘flexibilidad’ a la hora de amoldarse al modelo. Voces autorizadas deslizan a Redacción Médica que esta posibilidad decayó después de que las patronales se ‘levantaran’ de la mesa, lo cual no significa que la definitiva Ley no termine incorporándola. Todo dependerá del trámite parlamentario, sugieren estas fuentes, que apuntan a que los grupos del Congreso podrían tratar de incluir este condicionante para para dar su visto bueno al proyecto.

Yolanda Díaz, titular de Trabajo, presentaba este viernes por todo lo alto junto a los responsables de UGT (Pepe Álvarez) y CCOO (Unai Sordo) este pacto orientado a reducir la jornada laboral de las empresas españolas sin merma económica para los trabajadores. Tanto fuentes gubernamentales como de las propias centrales confirmaban a este periódico que la sanidad, uno de los sectores más sensibles a esta normativa, no quedaría apeada de la misma.

“Atañe a todos los sectores salvo a aquellos que, por su propio convenio o normativa reguladora, tuvieran reconocida una jornada inferior a la que ahora se acuerda con carácter general -sostiene una voz autorizada de CCOO-. Así que, por supuesto, es aplicable a la sanidad”.

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Díaz: "Hoy escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales"

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Quedan, no obstante, muchos flecos aún por resolver, y uno de ellos es el relativo a la posible ‘flexibilización’ de la normativa en aquellas empresas que puedan gestionar determinados servicios de la sanidad pública (por ejemplo, a través de convenios o conciertos) y que se encuentren en una situación de ‘escasez’ de trabajadores.

Según ha podido saber Redacción Médica, el acuerdo suscrito por Ministerio de Trabajo y sindicatos no contempla esta posibilidad, aunque no es aún totalmente descartable. Por un lado, por la influencia que pueda tener el departamento de Economía. Y, sobre todo, por las disposiciones que exijan incluir los grupos de las Cortes Generales (en especial, Junts per Catalunya y PNV) al proyecto a cambio de su apoyo.

Reducción horaria en "jornadas especiales"

El documento inicial, al que ha tenido acceso Redacción Médica, dispone además que en el plazo de 18 meses se procederá a una “revisión de la normativa” sobre las llamadas “jornadas especiales de trabajo” a fin de “adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo a la nueva jornada máxima legal”.

Tal y como avanzaron a este periódico desde el departamento que abandera Yolanda Díaz, la sanidad es susceptible de ser incluida en este apartado dadas sus ‘singularidades’, como la realización de guardias. No obstante, esta posibilidad, que implicaría el impulso de registros horarios “específicos”, continúa en el aire.

Registro horario y multas por incumplimiento

Por el momento, la norma contempla la necesidad de que las empresas dispongan obligatoriamente de registro horario de jornada. Este deberá ser “accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadores”, indica el texto, que llama también a garantizar el derecho a la “desconexión digital” de los propios profesionales.

En caso de incumplimiento de estos requisitos, las empresas se expondrían a multas que podrán alcanzar los 10.000 euros por trabajador, en los casos más graves.

"No es un acuerdo más, es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país -ha señalado Díaz-. Hoy escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales y se va a estudiar en todas las universidades del mundo".