La privada ve peligrar hasta el 33% de su facturación si recuperan el IVA

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó recientemente, en el contexto de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la posibilidad de eliminar la exención del IVA a la sanidad privada. La patronal ha mostrado desde el primer momento su rechazo ante esta medida, pero ¿cómo les afectaría esta supresión en términos económicos? La cifra varía en función del porcentaje del impuesto que se plantee, pero supondría una bajada de la facturación de entre el 14 y el 33 por ciento. Además, también salpicaría al sistema público de salud.

El descenso de la facturación varía en función del IVA hipotético que se tiene que pagar: si fuera del 10 por ciento, la caída sería del 14 por ciento o más; si se impone un impuesto del 21 por ciento, la cifra facturada bajaría un 33 por ciento. Estas son los datos que se estiman desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

Pero esta acción también tendría consecuencias para la sanidad pública. "Únicamente, con una bajada significativa de la facturación de las entidades privadas, el impacto global para la Administración Pública sería negativo. No obstante, si tuviéramos en cuenta el coste para la Administración de tener que asumir los pacientes que dejarían de asistir al sector privado, el impacto podría ser negativo con descensos menores de la facturación", explica la asociación en declaraciones a Redacción Médica.

Armonización europea del IVA

La reacción ante las declaraciones de Díaz no se hizo esperar y ASPE envió un comunicado sobre la supresión de la exención del IVA. Desde el organismo recordaron que, de acuerdo con el artículo 32 de la Directiva 2006/112 del Consejo de Europa, se cuenta con un marco común sobre el IVA. "Entre las prestaciones de servicios del sector sanitario que trata como exentas, se sitúan servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, servicios médicos prestados por profesionales y protésico-dentales". Esto tiene un ‘pero’: hay margen de aplicación con matices técnicos en la aplicación de los países.

El documento de la patronal aseguró que, si se entra a analizar el derecho comparado entre los Estados miembro, se cuenta con una elevada armonización y ninguno de los países de la Unión Europea introduce limitaciones a la exención. "La propuesta de Yolanda Díaz quiere dejar a España fuera de la armonización europea, perjudicando a su población y a sus empresas frente al conjunto de la población restante de la UE" recoge la asociación.

Además, volvió a incidir en que la exención acabaría arrastrando a la vertiente pública de la sanidad. "El ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, muy probablemente se convertiría a medio plazo en el incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos, ya que se tendría que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarían a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz", señaló Carlos Rus, presidente de ASPE.