La privada plantea a la sanidad pública eliminar la financiación per cápita

La llegada del coronavirus Covid-19 a España ha puesto en jaque a nuestro sistema sanitario y ha paralizado las principales prioridades que tenía previsto abordar antes de la pandemia. Tras casi más de año y medio de crisis, el sector hace balance de los ‘deberes pendientes’ que tiene aún por conseguir, poniendo especialmente el foco en la financiación de la sanidad y una necesaria reformulación, tal y como explica a Redacción Médica la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

En su opinión, una de las prioridades de la privada para reformar el sistema tras el Covid-19 tiene que ver con las prestaciones, a través de una bolsa única para sanidad y dependencia, donde la financiación sea finalista y “no solo en base al número de habitantes, sino a su edad y complejidad”. Una idea que abordó en su momento el Banco de España en su último análisis, donde destacó la necesidad de revisar la financiación y el nivel y eficiencia de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

En concreto, y según indica ASPE a este medio, el planteamiento pasa por una reforma global del SNS "donde no se tenga en cuenta a la sociedad como un número, sino por sus caracteríticas concretas, como la edad, la complejidad de la enfermedad, etc."

Una gestión sanitaria sin ideologías

Asimismo, en su listado de reformas necesarias, ASPE también reclama “apartar la ideología” de las políticas que rigen a la sanidad, a través de una toma de decisiones basada en resultados en salud y satisfacción de los pacientes. “Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que juntos somos más eficaces”, explican a este medio, poniendo como ejemplo el modelo de concesiones de colaboración público-privada como el del 'modelo Alzira'.

En este sentido, la privada manifestó su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo en materia de reversión relacionada con el Hospital de La Ribera, al considerar que la decisión suponía una “garantía contra las decisiones arbitrarias” o no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en los procesos de reversión de servicios e infraestructuras públicas gestionadas bajo concesión a entes privados.

Más investigación y acabar con la escasez de profesionales

En el ámbito asistencial, la patronal de la privada reclama abordar de forma agrupada e internacional la investigación médica, con especial hincapié en las enfermedades raras, junto a la atención de los pacientes crónicos y dependientes.

Mientras que, en el plano profesional, exigen una regulación del papel de las aseguradoras de salud, “garantizando el mantenimiento de la accesibilidad y calidad, así como el pago justo a los profesionales”. Además de ello, ASPE fija como “prioridad” acabar con la escasez de profesionales en Enfermería y Medicina que agudiza a este sector.

“Desde la privada creemos necesario seguir avanzando en la colaboración público-privada, no solo para resolver el ‘sudoku’ asistencial en la que se encuentra sumergida la sanidad pública en estos momentos, sino en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y en beneficio del paciente, como establece la Ley General de Sanidad y las políticas de otros países líderes europeos”, manifiestan a este periódico.

Descongestionar las listas de espera

A pesar de que la pandemia lleva ‘azotando’ a la sanidad más de año y medio, la situación sanitaria de marzo de 2020 no es la misma que la de ahora, especialmente con casi el 70 por ciento de la población vacunada.

Ante este escenario, la privada exige descongestionar cuanto antes las listas de espera, saturadas durante la pandemia por el número de consultas y pruebas diagnósticas pospuestas, así como la suspensión de ciertos tratamientos no-Covid. “Esta situación ha agravado numerosas patologías, por lo que estamos ahora ante un paciente crónico más complejo clínicamente y una congestión sin precedentes que debemos ser capaces de asumir”, aseguran.

De hecho, la privada calcula que existe un millón de pacientes que ni siquiera han podido acceder al sistema durante la crisis sanitaria, se han suspendido 60 millones de consultas de Primaria en toda España y 20 millones de primeras consultas en atención especializada (teniendo en cuenta los 234 millones de consultas de AP y los 81 millones en especializada que se realizan anualmente en España).