La privada descarta un 'tsunami' de permutas por la negociación de Muface

En un momento de parón. Así se encuentran las negociaciones por la continuidad de Muface, que afectan a cerca de un millón y medio de funcionarios en todo el país. Ellos son parte del 80% de mutualistas que optan por la sanidad privada. Y, ahora, viven en una encrucijada: seguir en el sistema sanitario ofertado por el Gobierno, pagar su propio seguro privado o pasarse a la sanidad pública.

La sanidad privada ha sido constante en las últimas semanas: Muface no puede morir. La asistencia sanitaria a los funcionarios, han reiterado, tiene que ser una prioridad para el Estado. Por eso, según ellos, el pacto presupuestario para el aumento del concierto en el bienio 2025-2026 debe ser mayor que el ofertado por el Gobierno el pasado martes. Ese día, el Consejo de Gobierno aprobó la licitación de la prima más alta de la historia de la mutualidad: un 17,2 por ciento.

La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha confirmado los datos: “Históricamente, el 80% de los mutualistas han elegido voluntariamente la asistencia sanitaria en centros privados”. Los motivos de esta elección, han afirmado en conversación con este medio, son la calidad percibida por los mutualistas y la agilidad en el acceso.

“La actual situación de búsqueda de acuerdo para el convenio de los próximos años no debe en principio afectar a este dato, que está ligado de manera directa al uso y satisfacción de los servicios”, ha explicado Marta Villanueva, Directora General de IDIS. Pero ha detallado que puede haber una excepción: “Salvo que a consecuencia de la infrafinanciación del modelo se pudieran ver mermados de alguna forma los cuadros médicos o de proveedores hospitalarios”.

Los funcionarios, ante su futuro sanitario

Ahora los funcionarios públicos se debaten entre seguir en la mutualidad o no. Y, a pesar de que la sanidad privada está convencida de la alta probabilidad de que ese millón y medio de personas que están adscritas al concierto sanitario continúen en él, los usuarios no lo tienen tan claro.

Varios de ellos se han planteado seguir con una de las entidades aseguradoras. “Si las negociaciones no siguen adelante, si Muface desaparece, lo más seguro es que pague un seguro privado”, aseguraba una mutualista a Redacción Médica esta semana.

Otros directamente sopesan llevar su historial clínico a la sanidad pública, aunque temen el “colapso total” del sistema por la alta inclusión de funcionarios.

Pero entre los encuestados por Redacción Médica existe el mismo sentimiento. El ánimo de que las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras lleguen a su fin con la continuidad de Muface.

¿Qué está pasando con la mutualidad?

Las negociaciones por la continuidad de Muface continúan en un momento de parón. El futuro del concierto sanitario depende ahora de la respuesta de las aseguradoras (Asisa, Adeslas y DKV) que dan asistencia a la mutualidad. Estas entidades se encuentran valorando la nueva prima del 17,2% para 2025 y 2026 del Gobierno para la mutualidad. Y, aunque han confirmado que el Ejecutivo ha hecho un “gran esfuerzo” en esta última propuesta, las entidades han comunicado que “no es suficiente”. A pesar de ello, aún no han dado una respuesta final.

El pasado martes el Consejo de Ministros licitó la nueva oferta del Gobierno. En ella, la cuantía total de la contratación supera los 2.681 millones de euros, 304 millones más que el anterior.

Esta nueva propuesta aumentaba en un 3 por ciento la anterior, del 14 por ciento, que planteó el Ejecutivo la semana pasada. Por entonces, y por unanimidad, las tres aseguradoras del concierto la rechazaron. Dijeron que las pérdidas les podían suponer 200 millones de euros, por lo que clamaron por una inyección presupuestaria mayor.

Ahora el futuro sanitario de 1,5 millones de funcionarios está en el aire. Como aún lo está la respuesta de las aseguradoras. Pero la sanidad privada está confiada: pronto se llegará a un acuerdo y el 80% de los mutualistas que optan por la sanidad privada continuarán con su elección. Sin embargo, ahora la última palabra la tienen Asisa, Adeslas y DKV. En sus manos está el futuro de la sanidad, tanto pública por si se acaban derivando a los usuarios a este sistema, como la privada.