La muerte de Muface tiene un precio: "¿uno o dos años en lista de espera?"

El modelo de asistencia sanitaria que tiene la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) lleva años siendo objeto de debate en el sector. La última vez que se puso encima de la mesa fue el pasado 27 de abril, cuando Yolanda Díaz presentó las bases de su partido Sumar, en las que se compromete a acometer la "extinción progresiva" de la mutualidad. Pero, ¿qué pasa si esto se llega a realizar? Los sindicatos apuntan que una de sus consecuencias inmediatas es el aumento de las listas de espera.

En el programa de Sumar, hay un capítulo dedicado exclusivamente a la sanidad, que es donde se señala la intención de 'acabar' con todas mutualidades para devolver el servicio a la administración pública. El sindicato FAC-USO considera que tal y como está el sistema público de salud, esta decisión es "inviable" y que prolongaría mucho más unas listas de espera, ya de por sí largas, hasta alcanzar más de un año para que el paciente pueda ser atendido.

"Hay propuestas que sobre el papel quedan preciosas, pero la realidad es que si hay más de un millón de mutualistas y 'transportados' al sistema público ya colapsado, será inviable atenderles. Si ya hay tres y cuatro meses de lista de espera, ¿entonces, llegaríamos al año o a los dos años?", se preguntan desde este sindicato.

Por ello, el foco, a su parecer, debe estar en otro punto: mejorar el sistema público y solucionar los problemas actuales, que versan sobre las partidas presupuestarias, las listas de espera y las plantillas, para conseguir que sea un incentivo ir a este sistema. "Si se arreglan estos problemas y que no tengan que esperar tampoco en Primaria, la gente irá en cola a pasarse a la pública", insisten.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) sostienen que es perfectamente posible salir en defensa de la sanidad pública y a la vez de Muface, Mugeju e Isfas: "No es incompatible defender el sistema de mutualidades y al mismo tiempo la sanidad pública y la necesidad de mejorarla con el incremento de plantilla, así como incorporar nuevas prestaciones".

Este sindicato insiste en que ellos van a seguir defendiendo este sistema, pero que para sostenerlo es necesario obtener una mejor financiación por parte del Gobierno para ofrecer servicios "de calidad". Cumplir con dichos parámetros establecidos es una cuestión que atañe a las compañías asistenciales con los que están suscritos los conciertos. Además de cumplir con unos niveles, CCOO pide que las prestaciones que están obligadas a ofertar lo hagan "conforme lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los conciertos sanitarios".

Estas mismas fuentes sindicales son las que señalan que quizá el problema de esta propuesta es otro: "El debate político de Sumar es que piensa que las personas funcionarias de este país optan a servicios sanitarios privados con dinero público".