La ley de mutuas condena al decreto sobre IT

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El pesimismo ha cundido en el Foro de Médicos de Atención Primaria respecto al último borrador del anteproyecto de real decreto que reformará la gestión de las incapacidades temporales (IT), después de que el Ministerio Empleo haya vuelto a incluir en el anteproyecto de ley de mutuas el silencio positivo, de manera que si el médico no justificaba la prolongación de la baja por enfermedad para rechazar la propuesta de la mutua en un plazo de cinco días, esta alta se aplicaría de forma automática, aunque siempre con la posibilidad de recurrirla ante la inspección del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Francisco José Sáez.

Así lo ha asegurado Francisco José Sáez, coordinador del grupo de IT del Foro y miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), a Redacción Médica, donde ha indicado que esta circunstancia supone “un paso atrás importante, puesto que vuelve al punto de partida y no tiene en cuenta las negociaciones que se habían llevado a cabo”. Según Sáez, “el decreto de las IT debía ser un texto de consenso, pero la irrupción de la ley de mutuas ha motivado que los avances que se habían dado hayan quedado estancados”.

Como ya publicó este diario, la posición del Foro respecto a la ley de mutuas ha paralizado las conversaciones con el ministerio y desde Empleo han señalado que pueden seguir tratando otros asuntos, pero que el diálogo está cerrado, respecto a la modificación legislativa de las IT se refiere.  Sáez explica que “dado que somos beligerantes en este tipo de temas, prefieren no tener ningún tipo de contacto porque saben que no van a ser bien recibidos sus proyectos”.

El Foro de Médicos de Atención Primaria tiene previsto elaborar un documento extenso donde expondrán su punto de vista y en el que destacarán que en este momento “no se justific, desde el punto de vista económico, que se adjudique a las mutuas la gestión de la IT, porque el gasto en esta partida ha descendido casi un 30 por ciento”.  Las prestaciones por incapacidad temporal representaron un gasto de más de 5.000 millones de euros el año pasado, y el Gobierno prevé ahorrar alrededor de 500 millones al año con las nuevas medidas.

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