Un juez frena la 'intromisión' de Sanidad en la actividad de Ribera Salud

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana no puede tener acceso a los datos detallados de las operaciones comerciales de Ribera Salud con sus proveedores. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de esta región en su última resolución a la que ha tenido acceso Redacción Medica.

Con esta decisión, la Justicia acepta suspender cautelarmente la medida de la Administración de tener en sus manos datos de empresas relacionadas con Ribera Salud, así como la copia de las facturas de las operaciones que realice, tal y como se lo pidió la empresa concesionaria de los hospitales de Elche, Torrevieja y Alzira. La sentencia entiende que Sanidad no puede hacer este tipo de peticiones porque choca con la libertad de empresa y de secreto comercial de la entidad que dirige Alberto de Rosa. 

El documento, la empresa insiste en la existencia de proporcionalidad y no afectación significativa al interés público. Es más, pone de relieve que no se ha llevado a cabo ninguna investigación, ni procedimiento sancionador contra ella, y denuncia que estas intromisiones “pueden afectar al secreto comercial” e imposibilitad “el cumplimiento respecto de sociedades participativas”. La Generalitad, por su parte, asegura que la Administración tiene el deber de recabar información para cumplir su fin institucional y contractual.

Ante esto, la Justicia determina que la medida de Sanidad “no es un acto de terminación del procedimiento” y puede solicitarse la medida de suspensión cautelar porque, no solo puede afectar a los derechos de la empresa demandante, sino también a los intereses de los ciudadanos. Asimismo, asegura que “la Generalitat Valenciana puede realizar una investigación y pedir una “concreta y determinada documentación”, pero siempre y cuando acredite el interés público y respetando, en todo caso, la libertad de empresa y confidencialidad de las relaciones de la misma con sus proveedores. 

Acusada de desviar 10,6 millones de euros

La decisión judicial llega después del ‘rifirrafe’ entre el departamento que dirige Carmen Montón y Ribera Salud en base a una serie de informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, en las que se hablaba de unos supuestos “desvíos de beneficios millonarios de hospitales públicos a espaldas de la Administración”, a través de su central de compras B2B. Esta información acusaba a la concesionaria de haber facturado un total de 10,6 millones de euros con B2B “sin que la Generalitat Valenciana tuviera conocimiento” de los hechos.

Unas informaciones por las que la entidad sanitaria, no solo negó los hechos, sino que empezó a estudiar si emprendía acciones legales “por el enorme daño reputacional” ocasionado, y que a Sanidad pareció tampoco convencer, por lo que reclamó las facturas de Ribera Salud con los proveedores de los que es accionista. Ha sido ahora la Justicia la que ha suspendido cautelarmente este requerimiento.