Enrique Pita. Madrid
Recortes en prestaciones, congelación de primas y una reducción paulatina del número de funcionarios ponen en riesgo la continuidad del modelo de mutualismo administrativo. En este contexto, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha hecho una llamada a los sindicatos presentes en el colectivo funcionarial para que defiendan un modelo que el vicepresidente del IDIS, Luis Mayero, califica de “eficiente y satisfactorio para los usuarios”, como prueba que el 85 por ciento de los funcionarios elijan la asistencia privada que ofrece la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Luis Mayero, vicepresidente del IDIS.
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El caso de Muface es significativo. Desde el pasado 1 de julio, el Gobierno ha reducido el porcentaje que paga por las prestaciones sanitarias complementarias, que incluyen las protésicas, las oculares, las dentarias y los audífonos. Por otra parte, según se anunció en su Consejo General del pasado 25 de junio, es bastante probable que la prima se congele por segundo año consecutivo. Además, la falta de reposición de las jubilaciones en la Administración General del Estado supone una reducción paulatina del número de beneficiarios del sistema y, por ende, del número de mutualistas. Una situación parecida es la que se vive en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y en la Mutualidad General Judicial (Mugeju), los otros dos exponentes del modelo.
Son muchas las voces que, con datos en la mano, han defendido el mutualismo administrativo como un sistema más barato y que se ha demostrado eficiente. Sin ir más lejos, el pasado 2 de julio un estudio premiado por la Fundación Edad&Vida reflejaba que el gasto sanitario por persona en el colectivo de funcionarios es un 27 por ciento menor que el gasto por persona en la sanidad pública (723 euros anuales frente a 995), según datos de 2011. En este sentido, Mayero recuerda que desde el IDIS se propone buscar modelos de colaboración “con una sanidad pública potente” y ha pedido que no se trate de confundir a los ciudadanos, ya que el mutualismo administrativo es un modelo público, con financiación pública y para funcionarios públicos que se presta a través de conciertos con aseguradoras, pero también a través de la sanidad pública.
En este contexto, Mayero ha reconocido que ha habido contactos con Eliseo Moreno, representante de CSI-F en el Consejo General de Muface, para defender un modelo que ambas entidades entienden como positivo. Además, ha explicado a Redacción Médica que “lo importante sería que todos los sindicatos con presencia en el colectivo de funcionarios apoyaran” este modelo y lo defendieran.
Extensión del modelo
Una de las reclamaciones del IDIS en el contexto del mutualismo administrativo es la extensión del modelo a otros colectivos. En este sentido, habitualmente se ha señalado a los funcionarios de las comunidades autónomas como los posibles beneficiarios del modelo. Sin embargo, y aunque Mayero reconoce que se ha contactado con varias autonomías para explicarles esta perspectiva, lo cierto es que sería necesario un cambio de modelo a nivel estatal que permitiera que estos colectivos pudieran incorporarse.
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