El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.
El secretario de Estado de Función Pública,
José Antonio Benedicto, ha resaltado la importancia de la última
OPE nacional en sanidad y la aprobación del Real Decreto-ley, convalidado este mes en el Congreso, que regula el
incremento retributivo de los médicos y enfermeras, así como el resto de personal sanitario, para 2019.
De este modo, la dotación total con que contará la Secretaría de Estado para 2019 es de 1.918,5 millones de euros para seis programas presupuestarios, con un incremento de 20,4 millones y seis programas presupuestarios. De ellos,
la mayoría irá destinados a la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo, con 1.468,7 millones de euros.
Así, la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), con 1.756,9 millones, dispone de la mayor partida de la Secretaría de Estado. Gestiona las prestaciones económicas del mutualismo administrativo”, 288 millones de euros, y la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo, 1.468,7 millones de euros.
El incremento es de 16,4 millones con respecto a 2018.
Inversiones
El resto de programas se centran en la Investigación y desarrollo de la sociedad de la información, 49,8 millones, con un incremento de 4 millones, un 8,8 por ciento más, con una clara apuesta de este Gobierno por reforzar los recursos humanos de los servicios destinados a impulsar la
Administración digital.
Según el secretario de
Estado de Función Pública se “dará un nuevo impulso al despliegue de nuevos servicios digitales, como Carpeta ciudadana, aplicaciones para garantizar la aplicación del Real Decreto sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del Sector Público”.
La formación del personal de las Administraciones Públicas tendrá un desembolso de 85,7 millones; las Prestaciones económicas del mutualismo administrativo,
288 millones; la evaluación de la transparencia de la actividad pública, 2,8 millones; y la dirección y organización de la Función Pública, 23,1 millones de euros.
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